La tesis gubernamental para justificar la reforma del delito de sedición es que en algunos países europeos actos similares se castiga con penas más leves. Pero más allá del ventajismo político que supone legislar en beneficio de un socio de gobierno, se podría interpretar como una especie de vuelta de tuerca a los indultos de los sediciosos(?) condenados por el máximo tribunal. Sin olvidar que sería una invitación a repetir el desafío al Estado de 2017 y la fallida proclamación de la república catalana. «O tornarem a fer», han repetido los protagonistas.

La ministra Pilar Llop sostiene que España debe homologar este delito a su regulación en otros países europeos, ya que estima que las penas de nuestro Código Penal son desproporcionadas. El interrogante es si los hechos que juzgó la Sala Segunda del Supremo tienen o no algo que ver con aquellos con los que se quiere homologar de la legislación de otros países. Porque, en realidad, esas penas más leves en Alemania, Italia o Portugal se refieren a conductas de resistencia a la autoridad o manifestaciones ilegales o tumultuosas. Algo similar a lo que aquí fue la masiva llamada y concentración ‘Rodea el Congreso’ o, en época de Artur Mas, el acoso a los miembros del Parlamento de Cataluña, que fueron golpeados, acosados y tuvieron que ser evacuados hasta en helicóptero. Nada que ver con una convocatoria ilegal de un referéndum con urnas encubiertas, leyes de desconexión de la legalidad vigente y proclamación de una república independiente, como sucedió en Cataluña por impulso de la clase dirigente. Si actos similares de desafío al Estado federal se hubieran producido en Alemania en un länd como el de Baviera, por ejemplo, el Parlamento germano estaría ahora, a no dudar, preparando la reforma de su Código Penal para endurecer las penas de un delito de traición, conjura y deslealtad a la nación.

Si, de acuerdo con los pactos de investidura que le unen a ERC, Pedro Sánchez se arriesga a reformar el artículo 544 del Código Penal, rebajaría las penas tanto a los ya indultados como a los prófugos que siguen investigados. Y aminoraría sus penas de inhabilitación hasta el punto de que podrían volver a presentarse a las próximas elecciones y se acercaría la vuelta a España de los fugados. Pero también afectaría a la autoridad y la reputación de la Justicia española que juzgó y falló amparándose en la pertinencia entre el delito de alzamiento contra las leyes del Estado y su autoridad por los actores e inductores del ‘procés’. Y, en el plano político, Sánchez podría arriesgarse a un veredicto contrario de la opinión electoral interpretando su gesto como una actuación oportunista de quien cambia las reglas de juego en mitad del partido.