Recientemente se han cumplido cinco años del referéndum del 1 de octubre y de aquellas jornadas que desembocaron en la aplicación del 155 y en el encarcelamiento y fuga de los líderes del movimiento independentista. La sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2019, con duras condenas de prisión -de los 13 años al vicepresidente Oriol Junqueras a los 9 de Jordi Cuixart- e iguales penas de inhabilitación, provocaron unos disturbios que pueden considerarse el canto de cisne de las masivas movilizaciones de la década procesista. El cumplimiento de las penas se vio suavizado tras el traslado a las prisiones catalanas, competencia de la Generalitat gobernada por sus compañeros de partido.

La fuga al extranjero de Carles Puigdemont, junto con otros miembros de su Gobierno (Antoni Comín, Lluís Puig o Meritxell Serret a Bélgica y Clara Ponsatí a Gran Bretaña), así como la de Marta Rovira (secretaria general de ERC) y Anna Gabriel (diputada de la CUP) a Suiza, abrieron un frente internacional de gran complejidad, incrementada tras la elección como eurodiputados de Puigdemont, Comín y Ponsatí. Las eurórdenes de extradición emitidas por las autoridades judiciales españolas no prosperaron ni en Alemania, donde fue detenido Puigdemont, ni en Bélgica, ni en Gran Bretaña. Una situación que condujo al juez instructor, Pablo Llarena, a plantear una cuestión prejudicial -pendiente de resolución- ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre la obligatoriedad del cumplimiento de estas eurórdenes.

Los indultos a los presos del ‘procés’, el 22 de junio de 2021, marcaron un punto de inflexión. Hasta entonces se había seguido la estrategia del PP, que delegó en los tribunales su acción política. La medida de gracia del Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos supuso el aval a la mesa de diálogo entre ejecutivos exigida por ERC, cuyos 13 diputados resultaban imprescindibles para la investidura y la estabilidad de Pedro Sánchez, como se comprobó con la aprobación in extremis de la reforma laboral de Yolanda Díaz.

Ha pasado poco más de un año desde unos indultos que se predijo tendrían un alto coste electoral para el PSOE, como señalaron los barones Emiliano García-Page o Javier Lambán. Ahora, no solo este precio está amortizado, sino que Sánchez puede presumir de que con los indultos ha ‘desinflamado’ la extrema tensión y profunda división en la sociedad catalana generada por el ‘procés’, como apuntan los recientes datos demoscópicos sobre la caída del apoyo a la secesión en Cataluña.

Desde el Gobierno español se insiste en que la derogación del delito de sedición fue un compromiso de Sánchez en su investidura y que nada tiene que ver con la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. El gran argumento radica en que esta medida responde a la necesidad de homologarlo con los códigos penales europeos. Se trata de un delito obsoleto, como se ha visto con el rechazo a las peticiones de extradición ante los tribunales europeos. Una tesis que podría ser válida para la sedición, pero no para la malversación -ahora también reclamada por ERC-, con unas penas semejantes a los países de nuestro entorno.

En principio, la sustitución de sedición por «desórdenes públicos agravados» implica un coste para el PSOE y un beneficio para ERC. La evidente vinculación entre la derogación de la sedición, la negociación presupuestaria y la mesa de diálogo proporciona, a seis meses de las municipales y autonómicas en las comunidades no históricas, abundante munición ideológica y política a PP, Vox y Ciudadanos, en la medida en que confiere verosimilitud al relato de que Sánchez está dispuesto a ceder lo que sea a los independentistas con tal de permanecer en el poder.

Esquerra, tras la salida del Gobierno de Junts, necesitaba como agua de mayo ofrecer una prueba tangible de que la mesa de diálogo funciona, frente a las feroces críticas de sus exsocios y de la CUP que la tachan de engañifa para anestesiar al independentismo. La estrategia de ERC ha conseguido una reforma del Código Penal, como manifestó con satisfacción el president Pere Aragonès al conocerse la noticia que Sánchez dio en primicia a una cadena privada de televisión amiga. Este, aseguró, es un primer paso en la desjudicialización y la solución política del conflicto, sin dar más detalles.

A corto plazo, la reforma parece encarrilar la aprobación de los Presupuestos del Estado, de la Generalitat y del Ayuntamiento de Barcelona, gobernado por Ada Colau. A medio plazo, puede interpretarse como un paso más hacia el clima favorable a la formación de un tripartito de izquierdas en la Generalitat. Por su parte, Sánchez puede haber calculado -las municipales proporcionarán indicios al respecto- que el bloque PP-Vox no obtendrá mayoría absoluta en las generales de aquí a un año. Entonces, se habrán disipado los efectos de la derogación de la sedición y tendrá que buscar a los mismos socios que ahora le mantienen en el poder.