Dicho en corto: es rotundamente falso. Es falso que exista ninguna necesidad, ninguna recomendación, ningún desajuste entre los tipos y las penas de los delitos de sedición y rebelión en nuestro país y los tipos penales «europeos» que exijan la reforma del Código Penal para rebajar la sanción a estos delitos.

La armonización de los delitos en la Unión Europea tiene un instrumento y una base legal en el artículo 83.1 del Tratado de Funcionamiento de la UE. En virtud de esta norma, la Unión puede definir «eurodelitos» estableciendo los elementos comunes que los Estados deben llevar a su legislación penal. Nunca ha habido la más mínima iniciativa para armonizar la sedición y la rebelión ni ningún otro delito análogo, que forman parte de la protección con la que todos los Estados dotan a sus sistemas constitucionales para defender su unidad, su integridad y el cumplimiento de las leyes.

La inexistente necesidad de ‘europeizar’ ambos delitos que alega el Gobierno no es más que una grosera coartada para justificar lo que en realidad no será más que un indulto general a los sediciosos del ‘procés’. De hecho, ni siquiera se plantea la modificación de los tipos penales, es decir, de la descripción que el Código Penal hace de estas conductas. La cuestión es simplemente rebajar la pena y obligar a una revisión de las condenas o de las acusaciones en virtud del principio de aplicación de la disposición más favorable.

Por eso causa asombro que el Gobierno y sus socios repitan con semejante desahogo el mantra de la homologación después de que la Sala II de Tribunal Supremo, en el informe contrario a los indultos a los sediciosos del ‘procés’, analizara las principales legislaciones penales europeas para demostrar que delitos similares reciben en Francia, Alemania, Bélgica o Portugal penas aún más graves que las de la sedición y la rebelión en España.

La mendacidad de la argumentación gubernamental queda en evidencia cuando utiliza a Europa como argumento oportunista. Resulta que dice sentirse obligado a lo que nadie le ha pedido -y nadie hace en la UE-, pero se niega en redondo a hacer lo que la Unión Europea viene recomendando en todos los tonos; esto es, reformar el sistema de elección de los vocales jueces del Consejo General del Poder Judicial para que sean los jueces los que elijan a los jueces.

Estamos ante una iniciativa que se acerca mucho, si es que no entra de lleno en fraude de Constitución, ante un recurso para eludir la prohibición de amnistías e indultos generales. Porque ese es el efecto equivalente que esa futura rebaja de las penas producirá en todos los sediciosos, sean todavía presuntos o ya condenados.

En su último discurso como presidente del CGPJ, Carlos Lesmes reclamó respeto a las decisiones judiciales, pues no hay otro medio de garantizar la ley. «Entenderlo de otra manera -añadió- es considerar el Derecho como retórica oportunista que puede ser cambiada a conveniencia mediante el simple trámite de neutralizar por diversos procedimientos las sentencias judiciales que no son conformes con el interés político del momento». Esta reforma, anunciada ya en el Congreso por la ministra de Hacienda, es como los indultos, un paso más en la mal llamada «desjudicialización» del conflicto en Cataluña -léase, de la sedición-, sobre la que Lesmes en la misma ocasión afirmó que suponía una «huida de la ley y del principio de igualdad, pues no otra consecuencia tendría el triunfo de la pretensión de impunidad de determinadas categorías de sujetos».

Pues bien, la impunidad de los sediciosos, que paso a paso procura el Gobierno, primero con indultos, después con reformas legales que se desvían del sentido que debe tener una ley, y más aún una ley penal, lejos de alinearnos con Europa nos aleja de lo que significa un Estado de Derecho en el que no hay atajos para los delincuentes. Daña la causa de la Justicia, invita a la reincidencia y banaliza la protección del sistema constitucional. Se dirá que la sedición es, formalmente, un delito contra el orden público, pero eso no impide reconocer en su tipificación la protección de valores esenciales para el orden democrático.

Si el Gobierno quiere realmente homologar con Europa la protección del orden constitucional, del que el orden público es una expresión, tiene una vía muy clara: que proponga una reforma de la Constitución que contenga las cláusulas de intangibilidad de la Constitución francesa o de la Constitución alemana que excluyen de la revisión constitucional la unidad, la forma republicana de gobierno y la organización federal del Estado en el caso alemán. Más europeo, imposible.