El primer servicio que el Estado debe ofrecer a los ciudadanos es la seguridad. El primero, porque sin seguridad el resto de derechos no puede ejercerse e incluso su altisonante proclamación se convierte en burla. Nada más falso que considerar que la preocupación por la seguridad es una prioridad sólo para plutócratas y banqueros: casi siempre esos afortunados tienen sus medios privados de defenderse. En cambio, la gente más modesta y no digamos las clases humildes son quienes padecen en mayor medida la amenaza de los delincuentes grandes o pequeños, de los violentos y de los usurpadores que tratan de apoderarse de las instituciones públicas en su provecho. Con frecuencia es precisamente vivir en la inseguridad de ciertos vecindarios o tareas lo que perpetúa la pobreza e impide salir de ella. Hoy además tenemos los depredadores de las redes sociales, que suelen encontrar sus víctimas entre los usuarios menos educados y con peores sistemas de protección en sus instalaciones.

El Gobierno de Sánchez parece tener a quienes amenazan la seguridad de todos en más estima que quienes la defienden. Es vergonzoso que se destituya a la directora del CNI por haber vigilado a los cargos públicos que conspiraban abiertamente contra el orden constitucional: ¡habría que haberla destituido más bien si no lo hubiera hecho! Ahora quizá pensemos que su sustituta tendrá por intocables a los separatistas catalanes y a los exterroristas vascos, es decir, los virus políticos más letales de nuestra democracia. Mientras tanto, sigue debatiéndose en el Congreso la “derogación” de la ley de seguridad ciudadana, exigida por quienes simpatizan con los que nos amenazan. O sea, los “bisontes” que aspiran a que rodear y hostigar el Parlamento quede no sólo impune sino que sea “progresista”… ¿Destituirán a los jueces si les condenan?