La secuencia es tremenda. Por culpa del precio de las emisiones del CO2 y del gas, a lo que se sumaba una gran carga fiscal y un sistema marginalista que obligaba a pagar a todas las fuentes de generación al precio de la más cara, los precios de la electricidad empezaron a subir. El Gobierno aseguró que no iba a rebajar impuestos porque era una situación transitoria. Pero los precios siguieron subiendo y, ante la presión popular y mediática, el Ejecutivo no tuvo más remedio que ceder y consentir en una tímida rebaja de impuestos. Los precios siguieron subiendo, las presiones también y el Gobierno se vio obligado a rebajar o eliminar casi toda la carga fiscal que gravaba el recibo. Pero los precios siguieron subiendo y el gabinete rompió las reglas del juego y, sin reparar en lo diferentes que eran la parte del mercado regulado y la que funciona por libre, concluyó que los beneficios de las eléctricas eran ‘escandalosos’ y decidió darles un recorte de 2.600 millones.

La medida era tan confusa en lo referente a las energías renovables que se vio obligado, al de pocos días, a precisar la norma, con la idea de aclarar algunos puntos que podrían expulsar del mercado a muchas instalaciones al eliminar su rentabilidad. Máxime, cuando muchos proyectos se habían financiado con préstamos bancarios que consideraban las rentabilidades hasta entonces vigentes. Las compañías eléctricas protestaron ante lo que consideraban una confiscación y un cambio de las reglas de juego que comprometía el futuro de sus inversiones. De ahí, pasaron al contraataque y amenazaron con paralizar sus compras a la industria auxiliar, lo que alarmó a algunos de los partidos que sostienen al Gobierno, como el PNV, muy sensible a estas cuestiones, que empezaron a ejercer su propia presión. Algunas compañías fueron más allá y ‘pisaron el callo’ socialista, como el nombramiento de Antonio Carmona como vicepresidente de Iberdrola España.

Con esto llegamos a la sesión de ayer en el Congreso que validó el decreto, con el apoyo de los partidos de izquierda y de algunos como el PRC de Revilla que, como sabe, es un partido centrado alrededor del ombligo del presidente Revilla. El centro y la derecha se opusieron y los nacionalistas templados se abstuvieron. No porque les diese igual, sino porque temían lo mismo a las consecuencias del decreto como al fracaso del Gobierno. Total, empate y abstención.

Terminamos la secuencia con el respaldo a un decreto que va a estar en vigor seis meses y que el mismo día de su aprobación se anuncia su inmediata revisión para evitar daños mayores. ¿Que dónde queda la seguridad jurídica? Y eso qué importa. Ahuyentará inversiones y lesionará nuestro atractivo exterior, pero ¿no se da cuenta de que la seguridad jurídica no vota? Hay que estar más atento…