Editorial, EL CORREO, 18/6/11
La negativa de Bildu a procurar protección a concejales amenazados constituye un oprobio
La decisión de los consistorios de Andoain y Lasarte, gobernados por Bildu, de impedir el acceso de escoltas privados a las instalaciones municipales y de retirar el arco y el escáner de seguridad que, como en tantas instituciones, se habían instalado a la entrada del ayuntamiento ha establecido la pauta que podría seguirse en otras localidades administradas por la coalición independentista. Tales medidas no solo suponen desprotección física para aquellos ediles que han sido y continúan siendo objeto de la amenaza terrorista; pretenden también transmitir el mensaje de que esa amenaza no existe más que en el imaginario de quienes reclaman protección. La actitud de los representantes de Bildu sería criticable si la coalición hubiese rechazado la coacción permanente que entraña la persistencia de una trama terrorista que ayer mismo, con la detención de Domínguez Atxalandabaso, se demostró que sigue activa. Pero se vuelve oprobiosa y cruel hacia los amenazados cuando a la negativa de exigir la desaparición de ETA se le suma la pretensión de que sus posibles víctimas queden inermes material y moralmente. Si un Ayuntamiento opta por hacer dejación de una obligación tan básica como la de proteger a sus integrantes no solo ha de atenerse a las responsabilidades que contraiga, sino que deberá asumir que desde otros ámbitos se preserve la seguridad de sus ediles y se prevenga la comisión de delitos terroristas. Si alguna precisión legal requiriera la situación provocada en Andoain y Lasarte, no sería para restar atribuciones a los alcaldes sino para dejar más patentes sus obligaciones en cuanto a la seguridad de las personas e instalaciones que conforman el Ayuntamiento. Pero junto a ello resulta evidente que toda falla de seguridad en el interior de las instancias municipales deberá ser compensada con medidas que la corrijan en su exterior a cargo del departamento correspondiente. Ese era el sentido de las advertencias dirigidas ayer tanto por el vicepresidente Rubalcaba como por el consejero Ares a los gestores municipales de Bildu. Lo que ya sería indignante es que estos, cuyas decisiones merecen el calificativo de provocadoras, reaccionen haciéndose las víctimas y enarbolando el principio de la autonomía local.
Editorial, EL CORREO, 18/6/11