¿Seguro que fue la sentencia?

UNO DE LOS ARGUMENTOSmás recurrentes en el debate sobre el procés catalán es el que apunta a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut (STC 31/2010, de 28 de junio) como causa directa tanto del proceso en sí mismo como del aumento exponencial del independentismo en Cataluña. Sin duda, la sentencia tuvo un efecto político destacado, ya alimentado anteriormente por determinados actores políticos y sociales catalanes (véase el editorial conjunto de la prensa catalana en 2009). En todo caso, un millón de ciudadanos manifestaron su contrariedad en las calles de Barcelona, convocados por el president de la Generalitat, José Montilla. La extrema duración del veredicto (cuatro años) y los movimientos de personal del propio tribunal, entre ceses y recusaciones, alimentaron la desconfianza. Pero no toda la responsabilidad habría que imputársela al tribunal, sino a los partidos que eligen a sus miembros, y quién sabe si al propio sistema de elección.

La trascendencia material de la sentencia fue limitada: el Estatut sigue vigente y el auto del tribunal anuló 14 de los 114 artículos recurridos por el PP, de 223 que tenía el texto, interpretando otros 27. Seis de esos 14 artículos anulados se referían a la creación de un poder judicial catalán. No se puede decir, en puridad, que el alto tribunal haya cambiado cualitativamente el contenido del texto. Lo hicieron las Cortes, que modificaron en buena medida la propuesta enviada por el Parlament en noviembre de 2005. Sin embargo, ello no provocó un gran escándalo, sino la consiguiente celebración del referéndum, con una participación del 48%. Es de notar que algunos partidos que critican la sentencia pidieron entonces el rechazo al texto.

Por otra parte, quizá se exagere el carácter paccionado del Estatuto y de la capacidad de autoorganización normativa de las CCAA. Sin negarlo en absoluto, conviene recordar que el proceso constituyente del nuevo Estado democrático no ha tenido un carácter típicamente federal, basado en el pacto territorial, sino con base en el pacto político entre partidos –algunos de ellos, sí, de representación territorial–, y entre el pueblo español y la nueva Monarquía parlamentaria. Si bien suele decirse que materialmente España es un Estado federal, no es descabellado considerarlo formalmente como un Estado regional en el que, sin negar su carácter paccionado, el poder central suele tener cierta preeminencia sobre los territoriales. Es decir: pacto sí, pero no entre iguales.

La sentencia es de junio de 2010. Pues bien, en noviembre de ese mismo año se celebraron elecciones autonómicas en Cataluña, en las que Convergència i Unió obtuvo 62 diputados, a seis de la mayoría absoluta. En diciembre, y pudiendo formar mayoría con ERC (10 escaños), CiU decidió hacerlo con el PP (18 escaños). Esto significa que Artur Mas fue elegido president seis meses después de la sentencia del TC «contra» el Estatut, con los votos del partido que presentó el recurso principal. Y durante dos años gobernó con ese partido, aprobando los presupuestos de la Generalitat durante sendos ejercicios. Si la sentencia «mutiló» el Estatut y supuso tanto quebranto en la relación entre Cataluña y el Estado, ¿cómo se entiende que CiU gobernara durante los dos años siguientes con el partido que lo recurrió?

La primera Diada masiva reclamando el referéndum y la autodeterminación no se celebró justo después de la sentencia, sino que, igualmente, hubo que esperar a 2012. Asimismo, la mayoría de estudios demoscópicos coinciden en señalar que el auge independentista no se produce en 2010, sino en 2012. En los dos años posteriores a la famosa sentencia, CiU gobernó con el PP, no hubo Diada masiva por el referéndum, ni tampoco un crecimiento exponencial del independentismo. ¿Cómo explicar, pues, que la misma fuera el detonante de todo ello?

Para explicarlo hay que tener en cuenta un hecho relevante ocurrido entre 2010 y 2012: el surgimiento del 15-M. En Cataluña tuvo un significado especial, pues se trataba de un movimiento que también irrumpió de una manera súbita y que, como en el resto de España, descolocó a las élites y a los actores políticos tradicionales. Desde el nacionalismo se percibió como un movimiento popular ajeno a la cultura catalanista, y por ello difícilmente controlable.

El 15-M catalán no tenía como frontispicio ideológico la cuestión territorial, sino que compartía con el del resto del Estado las prioridades socio-económicas y la preocupación por los límites de la democracia representativa. El nacionalismo, que tradicionalmente había dominado la cultura política de Cataluña, percibía desde la nueva dirección de CDC y la Casa Gran del Catalanisme (plataforma teórica creada en 2007 por Mas), que ese 15-M podía aglutinar a buena parte de las bases sociales de Cataluña, discutiendo dicho dominio. Dos hechos graves de 2011 plasmaron con crudeza esas contradicciones: los sucesos del 27 de mayo en la Plaza de Cataluña, y el cerco al Parlament del mes de junio. Las imágenes impactaron en la retina de muchos ciudadanos y llevaron al nacionalismo gobernante a rediseñar su estrategia, apoyando activamente una corriente popular, aún minoritaria, que pudiera contrarrestar la influencia social del nuevo movimiento. De ahí la incorporación de algunos argumentos como el déficit fiscal (España nos roba) y de ineficiencia política del Estado, que querían reflejar una preocupación por la crisis económica y política, pero adaptándolos a la cuestión nacional catalana. Y de ahí el fortalecimiento de organizaciones como la ANC y Òmnium Cultural, con las que se ha contribuido a tejer un vigoroso entramado cívico con el fin de anular la penetración social del 15-M.

La estrategia del nacionalismo tenía como fin, pues, evitar que el 15-M se convirtiera en el nuevo movimiento de masas de Cataluña con una cultura política distinta. La incorporación militante, orgánica y electoral de CDC fue cualitativa, y contribuyó en buena manera al crecimiento exponencial del soberanismo catalán, así como al éxito de la Diada de 2012. El rechazo del Gobierno de Rajoy al pacto fiscal en septiembre de 2012, que el nacionalismo daba por descontado, fue el pretexto perfecto para acabar de decidir el nuevo rumbo. El regreso de Artur Mas tras su entrevista con Rajoy, con una concentración de personas esperándole en la Plaza de Sant Jaume con banderas esteladas y cantando Els Segadors, fue una muestra gráfica del cambio producido.

A todo ello hay que añadir el rumbo que estaba tomando la corrupción que afectaba a CDC. La nueva dirigencia del partido entendió que la mejor forma de esquivarla era tener un sistema judicial propio en un Estado independiente. Fue el giro soberanista de CDC, y no tanto la sentencia del Estatut, la causa fundamental que activó el procés y el aumento exponencial del independentismo en 2012, no antes. El resto ya es conocido: en las siguientes elecciones autonómicas, celebradas en noviembre de ese año, CiU cambió su socio parlamentario (PP por ERC) y, para frenar su caída, apuntaló un proceso autodeterminista que está siendo juzgado y cuyo horizonte se antoja aún lejano e impredecible.

Daniel Guerra Sesma es politólogo.