Ignacio Camacho-ABC
- Es poco serio que el Gobierno deje a los guardias antidroga sin medios. Pero casi más feo es ausentarse de sus entierros
Ni un ministro en el entierro de los guardias civiles de Huelva. Ni el de Interior siquiera. Sólo la secretaria de Estado, la directora de la Benemérita y María Jesús Montero, candidata en campaña consciente de la inevitabilidad de su presencia. Alguien en Moncloa ha calculado que los ánimos no están para dejarse ver y ofrecer a la prensa las imágenes de rechazo de las víctimas de la tragedia. En los años de plomo del terrorismo, tanto Suárez como González, Aznar y los miembros de su Gobierno daban la cara tras cada atentado de ETA aguantando el tipo en una atmósfera de crispación bastante más tensa. Pero desde Paiporta, los responsables de la propaganda sanchista sienten terror ante la hipótesis de otra escena en la que el presidente o sus pretorianos queden en evidencia. En la propia Huelva, cuando el funeral por la catástrofe de Adamuz, los representantes del Ejecutivo entraron al recinto por la puerta trasera. No es mala conciencia sino ese instinto de autoprotección que todo narcisista alberga cuando el espejo social no le devuelve el reflejo que espera.
Sucede que desde el incidente mortal –léase asesinato– de Barbate las fuerzas de seguridad viven bajo una justificada psicosis de abandono por falta de medios y de sensibilidad del mando. Y por mucho que Marlaska se refugie en las estadísticas, existe una patente desigualdad de condiciones en la lucha contra el narco. Los traficantes están cada vez mejor pertrechados, incluso con armas de guerra, disponen de organización e infraestructuras muy sólidas y son más violentos y temerarios. La indefensión de los agentes no es un invento ni un bulo; combaten bajo presión, en inferioridad de recursos materiales y humanos, y saben que el Estado no les presta suficiente respaldo, ni moral ni técnico ni jurídico ni práctico. El desmantelamiento operativo del grupo OCON-Sur, nunca explicado, ha venido a incrementar esa sensación de fracaso y desamparo. El descenso de incautaciones y detenciones lo ha certificado la Fiscalía con datos.
La desembocadura del Guadalquivir y el Estrecho son fronteras de la UE y su seguridad es un reto estratégico del marco europeo. España es el país comunitario con mayor tasa de consumo de cocaína, y el crimen organizado campa por sus respetos en un territorio donde se está apoderando de barrios, comarcas y pueblos enteros. Su penetración en instituciones sistémicas, su intervención en política y su transformación en grupo de influencia civil e incluso electoral –a la italiana– es cuestión de tiempo, si es que no se ha producido ya en algunos ámbitos concretos. El Gobierno de Sánchez, que pretende colar como gasto de defensa hasta las inversiones en el sector energético, tiene ahí un campo perfecto para hacer el esfuerzo presupuestario que regatea al Ejército. Pero mientras tanto, qué menos que mostrar un poco de empatía y de respeto hacia los servidores públicos muertos, cuyo sueldo ganan los matuteros en una sola noche de ajetreo. Que parezca que alguien se toma su trabajo en serio.