Pero la lista de fotografías lo complica aún más. El poder del Estado moderno pretende ser abstracto, neutral, para todos por igual. Cuando se personifica una decisión judicial y se señala que no es la Justicia la que resuelve sino este u otro juez o jueza, cuando salen a relucir las caras de cada quien, esa neutralidad está puesta en cuestión, quiebra. Por ahí nos cargamos el principio en que se soporta la Justicia, que no es otro que el acuerdo compartido en que un tercero ajeno e independiente, casi ignoto, dirima las cuitas entre partes.

En la España de hoy cada juez o jueza, e incluso cada instancia judicial, tiene ya su color y predicción. El Constitucional es de mayoría de izquierdas y el Supremo de derechas, y las grandes decisiones se presuponen con esa distribución ideológica. El choque de trenes -por ejemplo, ahora con el fleco de dejar a Puigdemont sin su total amnistía- es el resultado previsto de ese dislate respecto de nuestro tercer poder del Estado. Una situación no exclusiva nuestra. Esta misma semana el Supremo conservador estadounidense corría en socorro de su presidente para desautorizar a jueces locales resistentes y apuntalar su poder en toda la Unión. El iliberalismo tiene a Montesquieu en la diana desde hace tiempo y en diferentes lugares.

Sin embargo, a pesar de la gravedad que entrañaba la decisión del Constitucional, ha pasado un tanto desapercibida. Más allá de apocalípticos, la pantalla de la pacificación catalana que esgrimió el gobierno proponente en su día o la de la entrega por siete votos que manejó la oposición eran ya historia hace semanas. Estamos en otras: la de las sospechas fundadas de corrupción o la de la evidencia de la debilidad del Ejecutivo. La decisión empieza y termina Junts y en su jerarca, y en las consecuencias de su victoria pírrica de esta semana que le mantiene en el mismo Waterloo de ayer. Pero la sociedad española está ya en otros debates y penurias, además de en la rampa de salida del estío que, si no le va a solucionar sus problemas, sí al menos se los va a apartar por un par de meses.

Posiblemente, cuando hagamos dentro de unos años el relato de acontecimientos de este momento, esta decisión del Constitucional avalando la ley de amnistía cobrará el rango de decisión histórica. En el tráfago periodístico cenagoso y confuso que se corresponde con esta sucesión de hechos, su resolución no ha sido sino una noticia más, casi ya olvidada y superada por el renovado presente de cada día.