Pablo Gabilondo-El Confidencial

Las declaraciones ambiguas de los políticos dieron paso a las testificales de los principales responsables del operativo policial del 1-O, que desmontaron la versión de que la jornada fue pacífica

La cuarta semana del juicio del ‘procés’ fue la semana de la violencia. Tras las testificales de los políticos, llegó el turno de los mandos policiales y sus declaraciones rescataron la acusación de rebelión, delito que pasa por demostrar el uso de la violencia por parte de los investigados. Jefes de la Policía Nacional, Guardia Civil e incluso Mossos d’Esquadra echaron por tierra el relato de un 1-O festivo y pacífico que defienden los acusados, pintando en su lugar un escenario de «agresiones» y de resistencia «virulenta». La semana se cerró además con la primera comparecencia de un mando autonómico que no dudo en desmarcarse de sus antiguos jefes al lanzar una afirmación devastadora para ellos: los Mossos avisaron sobre una posible «escalada de violencia» en el referéndum, pero el Govern decidió seguir adelante.

El lunes destacó la comparecencia del secretario de Estado de Seguridad del Ejecutivo del PP, Jose Antonio Nieto, cuya declaración tuvo un claro hilo conductor: las críticas a los Mossos d’Esquadra. «Estoy convencido de que si hubieran manifestado su voluntad de forma clara y evidente de cumplir con el mandato judicial el referéndum no se hubiera celebrado, es más, se habría desconvocado», aseguró. En la misma línea, defendió que los hombres del mayor Josep Lluís Trapero desplegaron aquel día 7.800 agentes, un número «evidentemente insuficiente e ineficaz«. Los ataques al cuerpo autonómico comenzarón con Nieto y continuaron durante toda la semana.

El político defendió además la idea de que los CDR tenían «una misión inicialmente organizativa que derivó en un actitud violenta», pero a preguntas de las defensas no llegó a concretar esta afirmación y dejó en manos de los siguientes mandos policiales demostrar estos hechos. Su testifical, sin embargo, sí sirvió para dejar constancia de que el Govern no quiso dar marcha ni cuando se le ofreció un ‘pseudo-referéndum’: «No hubo el más mínimo gesto de diálogo. Llegaron con una idea y se fueron con la misma idea. Se podría haber simulado ese referéndum en las plazas de los municipios o en lugares abiertos, donde no se fuese en contra de ese mandato. Así se les trasladó también», llegó a decir.

Nieto no dio ejemplos concretos de la «violencia» el 1-O, pero el martes llegó el turno del que fuera delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, y ofreció todo un listado. De una forma gráfica y expresiva, pintó «un clima de conflictividad que fue aumentando progresivamente y que dio lugar a episodios de acoso, hostigamiento y violencia«. Y a diferencia del exsecretario de seguridad, él sí hablo de sucesos concretos durante el referéndum: «Pude comprobar, porque lo pude ver personalmente, todo tipo de lesiones. Dedos rotos, alguna fractura de pierna, un chaleco antibalas rajado de extremo a extremo, y obviamente esto con una uña no se puede hacer, hay que utilizar un objeto punzante. Un agente me explicó también que había caído en la trampa del Fairy, que es verter detergente en la entrada de algunos colegios para que al entrar resbalaran, cayeran al suelo y les patearan la cabeza…».

Las defensas trataron de desmontar su relato preguntándole cuántas de estas agresiones vio personalmente. El abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, Andreu van den Eynde, quiso saber en este sentido si podía aclarar quién era el responsable de la pintada «Millo, muerte’ que había denunciado durante su declaración, ante lo que se llevó una respuesta tajante: «Esa pintada fue en Girona, donde he vivido 27 años. Y allí la actividad de los CDR es muy notoria. No sé quién la hizo, pero sí sé quién fue a limpiarla: mi hija«. No hubo más preguntas sobre la pintada.

El martes continuó con la declaración del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, que cargó desde el primer minuto contra el mayor Trapero. Como coordinador de los cuerpos policiales el 1-O, su descripción del papel de los Mossos fue demoledor, calificando su actuación como «más encaminada a favorecer el referéndum que a impedirlo«. Según defendió, los propios agentes autonómicos que acudieron los días previos al 1-O a los locales habilitados para la votación se encargaron de explicarles que «se personarían ellos de nuevo y que tenían que actuar a no ser que hubiera tal masa de ciudadanos que lo dificultara», dándoles así la clave de la situación que tenían que promover: «Hicieron un llamamiento para que gente suficiente acudiera a las cinco de la mañana con el objetivo de que a las seis los ‘mossos’ no pudieran actuar».

De los Cobos incidió además en «casos de violencia muy graves» durante el 1-O. «Nos sorprendió el grado de virulencia al que tuvimos que hacer frente cuando las unidades trataban de acceder a los colegios. En la mayoría había unos grupos de masas perfectamente conformadas que mediante la fuerza física trataban de impedir el acceso de las unidades de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado», describió el coronel.

La declaración más destacable del miércoles fue la de la letrada de la administración de Justicia del Juzgado de Instrucción 13 Montserrat del Toro, quien describió cómo el 20 de septiembre de 2017, durante la manifestación celebrada frente a la Conselleria de Economía, vivió con verdadero «miedo» el suceder de los acontecimientos desde el interior del edificio. Detalló también sus motivos para rechazar la oferta de salir por un pasillo montado por voluntarios de la ANC. «Era inadmisible. Había visto lo que había esperándome al otro lado de la puerta y no era seguro». Según dijo, temía por su integridad física. «Ni como persona ni como profesional podía admitirse ese tipo de salida». Por lo que finalmente tuvo que salir por la azotea: «Me dicen que en el edificio de ‘Conselleria’, en la segunda planta, hay un acceso a una azotea que no es la azotea última pero que permite el acceso a la azotea del edificio contiguo, que es un teatro», explicó. «Me dijeron que aprovechando el final de una función, saldríamos mezclados con el público«.

La último día de juicio arrancó con el comisario Sebastián Trapote, que dirigía la Policía Nacional en Cataluña durante el 1-O, y con el teniente general de la Guardia Civil Ángel Gozalo, responsable del instituto armado esa jornada. Ambos mantuvieron versiones similares: se reafirmaron en los hechos violentos y cargaron contra la «inacción» de los Mossos. «Todo estaba perfectamente organizado. Había niños y ancianos, pero sobre todo había individuos violentos, que actuaban con especial virulencia. Nos agredían, nos empujaban… tratando de dificultar no solo la entrada sino también la salida. Estaban siendo llamados por redes sociales, se hacían cadenas humanas, nos bloqueaban…», defendió Trapote.

Las testificales más destacadas parecían haber concluido cuando llegó el turno del jefe de Información de Mossos el 1-O, Manel Castellví, pero el mando autonómico dio la sorpresa al describir una reunión celebrada el 28 de septiembre junto a Forn, Junqueras y Puigdemont: «Se dijo al ‘president’ que se habían hecho unas declaraciones por parte del Gobierno de la Generalitat que no atendían a la realidad, que se estaba enviando un mensaje de tranquilidad a la población como si el día 1 de octubre fuera una jornada electoral«, criticó Castellví. «Yo que he trabajado en muchas manifestaciones salí ese día un poco frustrado porque las consecuencias en las manifestaciones si la escalada de violencia aumenta es que todos corren más riesgo«, denunció. La afirmación cayó como una bomba entre las defensas de los acusados: el mando autonómico no solo había dado la espalda a sus antiguos jefes, también había confirmado que fueron avisados de la posible violencia en el referéndum.