Tonia Etxarri-El Correo
Con la primera concesión del tercer grado a dos presos de ETA por parte de la consejera socialista María Jesús San José se ha desatado una polémica envuelta en el escándalo por el trato de favor a dos asesinos que no se han arrepentido y no han colaborado con la Justicia, y en la indignación de algunos de los colectivos de víctimas que se vuelven a sentir desamparadas por las instituciones. Los beneficiados son Harriet Iragi y Luis Mariñelarena, condenados por el asesinato del concejal popular de Málaga Martín Carpena y por su responsabilidad en los atentados contra el exfiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía Luis Portero y el coronel médico Muñoz Cariñanos. También por el atentado contra el exvicelehendakari socialista Fernando Buesa y su escolta Jorge Díez Elorza. Se trata de un tercer grado que implica una semilibertad (muy cuestionada por algunos colectivos que hablan de «excarcelaciones encubiertas») porque cumplirán lo que les queda de sus condenas en sus domicilios.
Desde Covite, Consuelo Ordóñez, que fue quien reveló estos datos, no oculta su decepción acusando a la consejera socialista de seguir con las progresiones de grado «fraudulentas» que ya acometió el PNV en la pasada legislatura y que algunas de ellas, por cierto, fueron recurridas. Han sido casi tres años de excarcelaciones desde que el PNV asumió la competencia. Sesenta y seis concesiones que muchas veces han pasado desapercibidas y sin reacción. La cartera ha cambiado de partido. Es ahora el PSE quien la gestiona. Por eso, se ha levantado la polvareda.
Lo que más ha sorprendido: la contradicción entre las declaraciones de la consejera de Justicia sobre sus intenciones y los hechos. De ahí que la portavoz popular Laura Garrido le haya presentado una pregunta en el Parlamento. En una reciente entrevista en EL CORREO, la titular de Justicia insistió en la necesidad de que los presos de ETA reconozcan el daño injusto causado porque admitía que todo los relacionado con los progresos de grado causan un sufrimiento añadido a las víctimas. Fue clara como el agua.
Lo que más ha dolido: que sea una consejera socialista la que haya hecho una interpretación laxa de la norma. Porque ahí se centra el debate. ¿La medida es legal o no? Para Daniel Portero, por ejemplo, se ha incumplido la norma, en su articulo 72.6 de la ley general Penitenciaria en donde se contempla la colaboración de los presos con la Justicia. En parte coincide con Consuelo Ordóñez al recordar que la izquierda abertzale siempre ha prohibido a los presos de ETA el arrepentimiento y la colaboración, e insiste en que, sin estos dos requisitos, no se debería progresar al tercer grado.
Para la Asociación de Víctimas del Terrorismo, sin embargo, es necesaria una reforma legal para que se exija expresamente la colaboración con la justicia.
Así estamos en la Euskadi post-ETA donde el debate sigue oscilando entre quienes reclaman justicia porque no están dispuestos a perder la memoria sobre la persecución que sufrieron sus familiares y quienes sólo esperan que sus exigencias se cumplan y se les premie por haber dejado de matar.