Corresponde al TC sentenciar si una norma se atiene a la Constitución. Pero ello no puede impedir que, en el cumplimiento de sus obligaciones o en el desarrollo de sus atribuciones, servidores públicos expresen su parecer informado y razonado. Es significativo que se resistan a un contraste de opiniones al respecto los mismos responsables del PSOE que hasta hace unos meses no albergaban la más mínima duda de que la amnistía era inconstitucional y de pronto llegaron a la conclusión contraria sin encomendarse a ninguna fuente de autoridad identificada. Al inclinarse por una proposición de ley de su grupo parlamentario y no por un proyecto de ley del Gobierno, los socialistas quisieron evitar los informes preceptivos, aunque no vinculantes, del Consejo de Estado, del CGPJ y del Consejo Fiscal.

Sería muy decepcionante que la legítima defensa de la constitucionalidad sin tacha de la medida de gracia se instalara como verdad jurídica última sin contrapeso institucional alguno. El texto admitido a trámite por la Mesa del Congreso, bajo el argumento de su secretario general de que no presentaba rasgos de inconstitucionalidad «palmarios y evidentes», fue variando en su redacción hasta incluir también a quienes pudieron haber cometido delitos de terrorismo, lo que alimenta las dudas sobre su compatibilidad con la Carta Magna y el Tratado de la Unión.