Señal de desconcierto

La propuesta avanzada por Pere Navarro para que la reforma constitucional que piensa impulsar el PSOE suprima el Concierto y el Cupo forma parte de la dialéctica partidaria, con la que el PSC trataría de amoldarse al sistema de financiación al que se ciñe el Estatut catalán –rebajado por el Tribunal Constitucional– siempre y cuando Euskadi y Navarra se queden sin su singular modelo. Se trata de una postura lógica dada la discrepancia de los socialistas catalanes respecto al intento convergente de forzar un «pacto fiscal» con el Estado equiparable al de los territorios forales.
Si la pretensión de Artur Mas resulta inadmisible para el ‘nuevo PSC’, porque quebraría la solidaridad de Cataluña con el resto de España, tal oposición obliga a los socialistas catalanes a reclamar igualarse a la baja con los territorios forales. La de Navarro es una postura más coherente que la inversa, la que desde la dirección del PSOE defiende la constitucionalidad y la justeza del régimen fiscal y financiero foral mientras se niega en redondo a que la doble fórmula de Concierto y Cupo pueda aplicarse a Cataluña. Es cierto que la Constitución de 1978 consagra dicho sistema solo para los territorios históricos de Euskadi y para Navarra, actualizándose en virtud del Estatuto de Gernika y del Amejoramiento. Pero no es posible argüir la exclusividad de tal potestad cuando se pretende nada menos que reformar la Carta Magna para, especialmente, hallar una solución duradera al engarce de la Generalitat en el Estado constitucional. La coherencia del PSC subraya la incongruencia del PSOE.
Las manifestaciones de Pere Navarro no son las primeras pero sí las más directas en contra del Concierto y del Cupo. Durante años tanto políticos catalanes como responsables autonómicos de diverso color en las demás comunidades han mostrado, con sordina, su recelo hacia la excepcionalidad vasca. La opacidad tras la que todavía hoy se ocultan las balanzas fiscales de un Estado fuertemente descentralizado se convierte, en el caso de Euskadi y Navarra, en el más insondable misterio. Claro que es ya tarde para pedir explicaciones bajo la sospecha de que el sistema privilegia injustamente a navarros y vascos. La crisis financiera ha puesto en evidencia la gestión de gobierno en algunas autonomías, obligando a sus responsables a recurrir a la tutela del Ejecutivo central como si la propia comunidad resultase fallida.
Pero el autogobierno vasco y el navarro cuentan con un consenso en la materia que los hacen irreductibles, en tanto que cualquier cuestionamiento a fondo del sistema de Concierto y Cupo se convertiría en factor reactivo propicio al soberanismo. He ahí la paradoja. El PSC se ve arrastrado a admitir el ‘derecho a decidir’ porque no puede ir contracorriente en Cataluña, y al mismo tiempo se niega a reivindicar Concierto y Cupo. Ninguna mayoría de gobierno en España concederá a Cataluña un régimen fiscal y financiero análogo al de los territorios forales. Sencillamente porque es verdad que supone un privilegio que, de extenderse a una autonomía que representa más de la quinta parte de la economía española, acabaría con la unidad del Estado. Artur Mas era plenamente consciente de ello cuando el pasado septiembre visitó a Rajoy en La Moncloa para, acto seguido, dar rienda suelta a la agenda soberanista. El verdadero drama político es que no cabe la posibilidad de un punto intermedio entre la secesión de Cataluña y su sometimiento al sistema común de financiación autonómica.
El PSOE trata de enunciar los fundamentos para una reforma constitucional con el objetivo de recuperar su propio tono vital, a sabiendas de que sus propuestas no irán a ninguna parte mientras no logre una mayoría parlamentaria holgada. Pero la mera formulación de sus ideas en torno a la federalización del Estado puede acabar condenando al desamparo a la realidad autonómica, tensionada entre derivas centrífugas y resabios centrípetos. Navarro echó a rodar el pasado jueves una bola que bien podría pararse en seco precisamente por descontrolada. Pero es probable que, aun con intermitencias, el cuestionamiento del sistema financiero vasco y navarro asome a cada paso. Sin ir más lejos podría hacerlo a cuenta de la distribución asimétrica del nuevo margen de déficit concedido a España por la UE.Ninguna colectividad humana renuncia a algo que la beneficia. El consenso vasco y navarro se basa en la socialización del privilegio; en la consciencia compartida de que nada hubiese sido igual sin que la Transición consagrara Concierto y Cupo. Pero la defensa a ultranza de su aplicación raya el cinismo de una sociedad comparativamente opulenta cuando se deplora pertenecer a una España despreciada como lastre para el crecimiento. La combinatoria del 6,24 que exime a Euskadi de aportar fondos a la solidaridad interterritorial, con la participación territorial en los Presupuestos Generales del Estado y con el enjuague financiero y de pensiones que supone nuestra pertenencia a una Seguridad Social común al resto de los españoles, dibujan un cuadro del que los ciudadanos vascos debemos ser más conscientes. Entre otras razones porque atestigua que el paraguas de la España constitucional nos ofrece ventajas que se volatilizarían en una eventual independencia.