Tonia Etxarri-El Correo
El bloque nacionalista, el nuevo ‘lobby’ para la gobernabilidad
Hoy se registrarán en el Parlamento las propuestas de los expertos sobre la reforma del Estatuto. Con sus dos textos diferenciados, sus enmiendas de fondo y el voto particular del PP. A partir de hoy, pues, el lehendakari Urkullu ya no tendrá excusa para pronunciarse sobre un proyecto en el que su partido, el PNV, ha tenido que emplearse a fondo para recurrir, de nuevo, a su doble juego: independentista y pragmático. Para no perder baza en ningún escenario. Si hace un año coincidía con EH Bildu en sus propuestas para el nuevo Estatuto con el derecho a decidir, su consulta habilitante y la clasificación discriminatoria entre ciudadanos, ahora se ha distanciado de la izquierda abertzale para ampliar consensos con el PSE y Elkarrekin Podemos. Se ha adaptado a una rebaja parcial a la hora de estampar negro sobre blanco su propuesta, aunque manteniendo un perfil soberanista que debería incomodar a los socialistas. El PNV olfateó el cambio de escenario muy a tiempo. Cuando Pedro Sánchez se rodeó de populistas y secesionistas para sacar adelante su moción de censura. Por eso, después de haber mantenido la imagen de la vía tranquila y diferenciada de los secesionistas catalanes vuelve ahora a combinar sus dos caras. Cuando falta un año para que volvamos a las urnas en Euskadi no quiere arriesgarse a perder votos si cede el espacio soberanista en exclusiva a un Otegi que está viendo en la revuelta catalana su oportunidad para radicalizar el Parlamento vasco. Por eso, la semana pasada se volvió a producir una coincidencia entre las dos fuerzas nacionalistas (y el voto de la diputada de Podemos, Pili Zabala) enmendando una propuesta socialista a favor de actualizar el Estatuto. Con sus diferencias de forma pero apostando conjuntamente por la autodeterminación. El PNV en los dos ruedos: con EH Bildu en la independencia; con socialistas y podemitas cuidando las formas pactadas. Con EH Bildu en la competencia electoral, con el equipo de Sánchez en el Gobierno de España.
En la burbuja virtual de Euskadi se empiezan a detectar las primeras señales de alarma. Porque el derecho a decidir vuelve a tomar cuerpo en el Parlamento. Y con visos de provocar diferencias seguramente insalvables. En el debate sobre el Estatuto, difícilmente podrán superar el consenso alcanzado en 1979 que logró aglutinar al PP, PSOE, PC, UCD y EE, entre otros. El propio experto jurídico propuesto por el Partido Socialista, Alberto Basaguren, reconoce según publicó ayer EL CORREO, que la inclusión del término ‘Euskal Herria’ como concepto político en el articulado es «incompatible» con el objetivo de lograr un amplio consenso. Y admite, también, que el derecho a decidir vuelve a dividir. Teniendo en cuenta sus reparos expresados por escrito, resulta difícil comprender que el PSE no haya presentado su propio articulado. Pero los intereses políticos de supervivencia tienen razones que la razón no entiende.
Esa «vía abierta a la fractura de la sociedad» , tal como define Basaguren el derecho a decidir, es lo que va a marcar el debate. En pocos meses hemos pasado de no parecernos en nada a la situación de desafío que vivían en Cataluña a acercarnos cada vez más a quienes desde la Generalitat están situando a Sánchez al borde del abismo.
Le resulta tan difícil al aspirante a presidir el Gobierno explicar el precio que va (y vamos) a tener que pagar para contentar a los independentistas que prefiere mantenerse en silencio. Covite le exige que no blanquee a EH Bildu en Navarra pactando con quienes siguen justificando la historia de ETA. Demasiado tarde. La ética democrática y la coherencia ya no cotizan en política al alza. Al contrario.
Mañana martes arranca en el Congreso la legislatura que se adivina ingobernable y caótica. Con un hemiciclo fraccionado en 16 fuerzas. Las izquierdas y las derechas cada vez más condicionadas por el tercer bloque: el nacionalista, que se va imponiendo como el ‘lobby’ de la gobernabilidad. La investidura es solo un primer paso hacia un gobierno rehén de fuerzas interesadas en desestabilizar el país. Exdirigentes del PSOE han llamado la atención ante «el riesgo de disolución de España». Pero con los actuales protagonistas no se vislumbran grandes pactos de Estado. Tan necesarios.