No es ninguna novedad sostener que algo se mueve en China. Lo singular es observar que las señales son cada vez más inquietantes, también para la propia China, que parece saltar de un tren en marcha. En particular, por lo que supone de regreso a una cierta autarquía y estatalización de su economía —desde luego todavía de baja intensidad— que se manifiesta, por ejemplo, en un reciente estudio elaborado por los economistas Tianlei Huang, coordinador del Programa de China en el Instituto Peterson de Economía Internacional, y Nicolás Véron, investigador principal de Bruegel, uno de los principales centros europeos de pensamiento. El estudio acredita cómo se está reduciendo el peso del sector privado en la economía china medido a través de su presencia en los mercados cotizados de valores. 

Lo que revela el estudio, en concreto, es que el sector privado representa el 42,8% del valor de las primeras 100 empresas chinas, ya claramente por debajo del 55,4% alcanzado a mediados de 2021, hace menos de dos años. Se rompe así una tendencia al alza que se aceleró a comienzos del siglo, cuando China entró en la Organización Mundial de Comercio (OMC) y cambió los flujos comerciales del planeta, fomentando la actividad privada. En los primeros tiempos de expansión de la apertura de la economía china, el peso del sector privado en los mercados de valores pasó en apenas una década de un 8% a un 36%, lo que da idea de la intensa transformación interna que ha vivido el gigante asiático.

De las 130 entidades chinas situadas en el ‘ranking’ Fortune Global 500, nada menos que 75 son estatales 

Este cambio de tendencia ha coincidido en el tiempo con la consolidación del poder de Xi Jinping, y aunque todavía es pronto para conocer si se trata de un movimiento estratégico o simplemente de una pausa en el camino, lo cierto es que otras señales muestran que esa es la dirección escogida por la nomenclatura de Pekín.

Nuevas regulaciones

Antes de que Xi accediera al poder, la participación del Estado en la inversión había pasado del 82% en 1980 a solo el 34% en 2012, pero desde entonces esa tendencia se ha quebrado y hoy la participación privada está cayendo de forma continua. Tan solo en 2022, la inversión estatal aumentó un 10%, mientras que la inversión privada avanzó solo un 0,9%. De las 130 entidades chinas situadas en el ranking Fortune Global 500, nada menos que 75 son estatales, cuya influencia es todavía mayor si se tienen en cuenta las nuevas regulaciones que impiden el crecimiento del sector privado, y que afectan, en particular, a los grandes conglomerados industriales. El fundador de Alibaba, Jack Ma, lo sabe bien. Por decirlo de una manera más directa, se está produciendo una expulsión progresiva del sector privado de la economía china, con lo que ello supone en términos de competencia interior y exterior para las cuantiosas inversiones occidentales. 

Las autoridades, sin embargo, parecen actuar en una doble dirección. Por un lado, dificultan hacer negocios con Pekín al margen del Estado, pero, al mismo tiempo, continúan con su expansión internacional a través de sus multinacionales, lo que explica que China sea el mayor inversor del mundo, unos 133.000 millones de dólares en 2020. 

La importancia de esta quiebra no es solo económica, es, sobre todo, política. Aunque China es todavía el segundo mayor receptor de inversión extranjera del planeta, tras EEUU, el mayor peso del Estado en su economía tenderá a ahuyentar la inversión extranjera. No es de extrañar, por eso, que en su reciente discurso sobre el estado de la nación Biden pusiera especial énfasis en su programa de inversiones públicas para alejar la dependencia de EEUU de bienes chinos, en particular en la industria de semiconductores. «No me disculparé por invertir en industrias que definirán el futuro y que el gobierno de China tiene la intención de dominar», dijo Biden. 

Lo que plantea EEUU es pasar de un modelo de relaciones con China basado en la cooperación a otro de competencia 

El Gobierno de EEUU, de hecho, ya prohíbe que las empresas estadounidenses vendan directamente ciertas tecnologías avanzadas a China y monitoriza las inversiones que las empresas chinas realizan en su país en busca de posibles riesgos de seguridad. La CHIPS Act que ha lanzado la Administración Biden (CHIPS es el acrónimo en inglés de Creación de Incentivos Útiles para la Producción de Semiconductores) supone una aportación inicial del Gobierno de 52.700 millones de dólares para el desarrollo de semiconductores estadounidenses. 

Expresado en román paladino, lo que plantea EEUU es pasar de un modelo de relaciones con China basado en la cooperación y en la reciprocidad, que Pekín ha incumplido de forma sistemática, a otro de competencia, lo que a la larga traerá indudables consecuencias. 

La reciente retirada de China de la construcción de un cable submarino de Internet de más de 21.500 kilómetros de longitud que unirá Asia con Europa es un ejemplo más del nuevo escenario abierto en las relaciones entre las dos superpotencias, al margen de episodios como el derribo del globo que sobrevolaba espacio aéreo de EEUU o la escalada militar que se produjo el pasado verano alrededor de las aguas de Taiwán.

Pie en pared

La Unión Europea navega en la misma dirección, aunque lo haga, como casi siempre, de una manera más lenta y sin el suficiente impulso político, más allá de los discursos oficiales. La llamada autonomía estratégica no es más que un procedimiento legal ideado para romper amarras con la dependencia de China en tecnologías sensibles desde el punto de vista de la seguridad. Y en este marco hay que situar la reciente aprobación del reglamento de subvenciones extranjeras para compañías que operan en la UE y que supone poner pie en pared con el objetivo de evitar que China pueda financiar a sus empresas rompiendo el mercado interior. 

El reglamento —que fue descartado hace apenas una decena de años— entrará en vigor en julio y permitirá a la Comisión Europea investigar de oficio. La anunciada Ley Europea de Chips, todavía no desplegada, es un paso más en idéntica dirección, aunque llega demasiado tarde, después de que China haya gastado miles de millones de euros en subvencionar a su industria de semiconductores, por el momento con magros resultados. Los semiconductores, de hecho, son el segundo artículo de importación de China tras el petróleo. 

Menos globalización significa también más fragmentación y entra en juego la capacidad de los bloques para encontrar soluciones 

Tanto la estrategia de Washington como la de Bruselas, y, por supuesto, la de Pekín, eran impensables hace apenas una década, cuando nadie tosía a la globalización. Hoy, como ha publicado en este periódico Javier Jorrín, hasta el FMI habla ya slowbalization para referirse al proceso de ralentización del comercio mundial, que prácticamente se ha estancado desde 2008 en relación con el PIB. No es que la globalización esté cayendo en términos relativos, sino que ha dejado de crecer. O expresado de otra forma, el modelo de crecimiento sobre el que se asentó la economía global —y que benefició más a las multinacionales a costa del pequeño comercio y del tejido industrial de menor tamaño— ya no se sostiene. 

Es indudable que menos globalización significa también mayor fragmentación y es aquí donde entra en juego la capacidad de los bloques económicos, y, en particular, de los estados, para encontrar sus propias soluciones. Pero en este asunto, como en tantos otros, la economía está supeditada a la política, entendida no como una mera confrontación por el poder, sino como una estrategia dotada de coherencia interna en aras de mejorar el bienestar de los ciudadanos.

Nuevos socios

Si durante años la integración europea se ha visto como un proceso de naturaleza fundamentalmente económica, está por ver si la Unión Europea camina hacia lo que muchos han llamado «momento constitucional», que no es otra cosa que la construcción de una nueva arquitectura supranacional fundamentalmente política. Entre otras razones, porque la UE, al distanciarse de China, necesitará nuevos socios comerciales alternativos para que su integración en las cadenas de valor globales no se vea mermada. Y no parece que la UE, volcada en Ucrania, preste hoy alguna atención prioritaria a Latinoamérica, África o India, lo que dice muy poco en favor de su diplomacia. 

Como ha explicado el economista Enrique Feás, mientras que Europa se mece en estériles debates, China y EEUU han iniciado una carrera de subvenciones industriales que podría tener graves consecuencias para el tejido industrial europeo. 

El nacimiento de un nuevo orden internacional tiene una influencia decisiva sobre el entramado institucional de los países miembros de la UE 

Es obvio que el nacimiento de un nuevo orden internacional tiene una influencia decisiva sobre el entramado institucional de los países miembros de la Unión Europea. También, por supuesto, en España, donde la estructura de poder de las diferentes administraciones está pensada para un momento político que ya no existe. Es, de hecho, materialmente imposible, si lo que se busca es la eficiencia, impulsar mayor integración política europea, manteniendo un aparato burocrático y administrativo de las actuales características que ignora el carácter global, aunque sea a nivel nacional, de las políticas industriales, que son, a la larga, donde va a cortar el bacalao, dicho sea de forma coloquial, en los próximos años. 

No parece tampoco que se hable mucho de ello. El país sigue a piñón fijo como si los movimientos telúricos que se están produciendo en el contexto exterior fueran irrelevantes. Luego se dirá que el pescado es caro.