SENTENCIA DECEPCIONANTE

CUANDO el parlamento de Cataluña proclamó el establecimiento de una «República Catalana como Estado independiente y soberano, de derecho democrático y social», qué estaba subvirtiendo, el orden público o el orden constitucional? ¿Cuando el entonces presidente Puigdemont declaró: «Asumo al presentarles los resultados del referéndum el mandato del pueblo de que Cataluña se convierta en un estado independiente en forma de república», qué pretendía dinamitar, la paz en las calles o la unidad indisoluble de la Nación española, el principio de soberanía residenciado en el pueblo español y la Monarquía parlamentaria como forma política del Estado español, consagrados en nuestra Carta Magna? No soy experta en leyes y por tanto me abstendré de discutir los fundamentos jurídicos de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, cuya solidez doy por sentada. El sentido común y la lógica, no obstante, son atributos carentes de vinculación con una titulación académica y tanto el uno como la otra gritan a los cuatro vientos que lo sucedido en Cataluña en octubre de 2017 fue un atentado flagrante contra los tres pilares de la Constitución recogidos en su título preliminar. Una concatenación de actos perfectamente orquestados por las máximas autoridades autonómicas, con el auxilio de algunos peones integrados en presuntas entidades culturales, destinados a imponer unilateralmente la segregación de una región de España. O, en palabras del Código Penal al tipificar el delito de rebelión, «declarar la independencia de una parte del territorio nacional» mediante un «alzamiento violento y público». Condenar a los autores de esa intentona por un delito de sedición, definido como «alzamiento público y tumultuario para impedir, por la fuerza o fuera de las vías legales, la aplicación de las leyes o el cumplimiento de sus acuerdos, o de las resoluciones administrativas o judiciales», es descafeinar mucho lo acontecido o tomarnos por idiotas.