La inconstitucionalidad del segundo estado de alarma decretado por el Gobierno de Pedro Sánchez ha dejado en evidencia a aquellos partidos que lo apoyaron (todos menos Vox y Foro Asturias) y demostrado el peligro de que los diputados del Congreso pierdan la perspectiva necesaria para sopesar riesgos de forma sensata en tiempo de crisis, optando por la solución más grosera posible (la misma que se aplicaba durante las epidemias de peste negra en el siglo XIV) en ausencia de un plan de actuación constitucional, viable económicamente y sanitariamente provechoso.

Si se votó el estado de alarma porque eso era todo lo que había, mal. Si se votó porque nadie tenía una alternativa razonable al plan del Gobierno, penoso. Si se votó por simple adscripción ideológica al PSOE y a Podemos, aterrador. Si se votó por miedo a un hipotético revolcón en las urnas, deprimente.

«A toro pasado todos somos Manolete» dirán algunos ahora. Un argumento que se desinfla cuando se recuerda que no fuimos pocos los que alertamos de la dudosa constitucionalidad de la incapacitación del Congreso por parte del Ejecutivo. ¿O nadie recuerda ya ese «el Congreso no cierra ni en situación de guerra» que esgrimió en fecha tan temprana como marzo de 2020 Cayetana Álvarez de Toledo?

Del primer factor mencionado (la constitucionalidad de la medida) ha dado buena cuenta hoy el Tribunal Constitucional confirmando la inconstitucionalidad del cerrojazo y la limitación de derechos fundamentales decretada por el Gobierno entre el 9 de noviembre de 2020 y el 9 de mayo de este año y que privó al Congreso de su capacidad para controlar las medidas que se aplicarían durante la epidemia.

Medidas que, como explicamos hoy en EL ESPAÑOL, dieron a las autoridades unos poderes «exorbitantes» sobre los derechos y libertades constitucionales.

De la ausencia del segundo factor (el de la sostenibilidad económica) en el plan con el que el Gobierno afrontó la epidemia son prueba esas noticias que, de forma periódica, siembran dudas sobre la recuperación de la economía española. Desde las rebajas del PIB previsto para 2020 por parte Banco de España y de la Autoridad Independiente de Autoridad Fiscal (AIReF) a las previsiones que sitúan a España en el furgón de cola europeo de la recuperación dada la profundidad de su caída durante los meses de la epidemia.

Sobre el tercer factor (el de la utilidad sanitaria de los estados de alarma decretados por el Gobierno) se seguirá debatiendo dentro de una década.

A falta de estudios concluyentes que demuestren una relación directa entre las limitaciones de derechos fundamentales y la erradicación de la epidemia, basta con recordar que España fue el país del mundo que aplicó un confinamiento más estricto (algo de lo que llegaron a presumir algunos ministros) sin que eso sirviera para abandonar la última posición del ranking internacional de muertes, infecciones e infecciones de sanitarios. Una posición que España sólo abandonó cuando fue sobrepasada por países con gobiernos abierta o solapadamente negacionistas.

En sentido contrario, los países que aplicaron confinamientos menos estrictos (prácticamente todos los de la UE) respondieron mejor a la epidemia tanto desde un punto de vista sanitario como económico.

Con todo, la peor noticia posible no es ya que el Gobierno intentara sustraerse al control parlamentario, sino que el Congreso de los Diputados accediera mansamente a ello. Esa debería ser la principal preocupación de los españoles hoy.

Porque el Estado de derecho puede sobrevivir a un Gobierno que huye de sus contrapoderes (¿qué Gobierno no lo hace si las circunstancias se lo permiten?). Pero no puede sobrevivir a un Congreso que deserta de su condición de tal.