Bayona cuestiona las bases jurídicas del proceso independentista desde sus inicios. Constata la contradicción que se da entre el principio democrático y el principio de legalidad, donde «no siempre hay una línea clara de continuidad y coherencia». El letrado afirma que la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Declaración de soberanía y el derecho a decidir del Parlament anuló el apartado uno, que otorgaba «carácter de sujeto político y jurídico soberano» a Cataluña, al entender que esa soberanía es «única e indivisible».
A partir de ahí, todos los actos realizados por la Generalitat en aras de conseguir la independencia están contaminados: «No tiene sentido iniciar un proceso de reforma constitucional especialmente complejo como el previsto por la Constitución si previamente no se ha verificado una voluntad mayoritaria de la población afectada». En este sentido, Bayona considera que el referéndum anunciado para el 1 de octubre es sólo un «movimiento táctico que tiene como último objetivo político reforzar la legitimidad de la vía unilateral». Además, el letrado afirma que «parece evidente que no se podrán cumplir los requisitos y estándares mínimos exigibles a un proceso participativo como este».
El letrado mayor del Parlament escribe expresando una opinión jurídica profesional, de experto que tiene que asegurarse que la normativa que emana de la Cámara catalana se ajusta siempre a derecho. En este momento del procés, este artículo es especialmente importante. Supone un serio varapalo que debería ser tenido en cuenta por una opinión pública anestasiada por la proliferación de mensajes engañosos desde todas las instancias oficiales de la Generalitat, medios de comunicación públicos incluidos. Por eso Bayona concluye que afirmar que «el Estado español mantiene formas autoritarias (posfranquistas) que lo convertirían en no democrático puede suponer un grave error de apreciación política y sobre todo jurídica».
Pero, desgraciadamente, comprobamos a diario la contradicción entre el análisis jurídico riguroso del proceso de independencia y el despropósito de los políticos secesionistas, que se inventan una legalidad paralela que sólo ellos conciben. En cualquier país democrático un responsable de Interior que anunciara a bombo y platillo que las fuerzas de seguridad no van a cumplir la ley sería relevado inmediatamente. Eso es lo que hizo el miércoles el nuevo conseller Joaquim Forn, al prometer que los Mossos d’Esquadra permitirán que los catalanes voten «con libertad y seguridad» en el referéndum del 1-O que ha sido declarado ilegal por el Constitucional. Un auténtico sinsentido que vuelve a colocar a la Generalitat al margen de la ley.
Y es significativo que toda esta deriva secesionista haya ido emparejada a la corrupción política en Cataluña, empezando por Jordi Pujol y su familia imputada. Ayer, la Guardia Civil se personó en el Parlament y en el Palau de la Generalitat por orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña buscando las agendas del ex conseller Germà Gordó, investigado por el caso del 3% que ocasionó la demolición de Convergencia i Uniò. Como decimos, corrupción e independentismo van de la mano en Cataluña.