En las dos últimas décadas, desde que Zapatero derogó el Plan Hidrológico Nacional, la política de agua de Cataluña ha sido inexistente o ineficiente pese al enorme caudal que el Ebro evacua al mar cada año (alrededor de seis mil hectómetros cúbicos descontado el mínimo ecológico, según la media aforada en la estación de Tortosa). La Generalitat estaba en otros asuntos más importantes, el ‘procès’ y todo eso, y la autonomía hídrica ni siquiera parecía figurar en los planes de independencia. Ahora que aprieta la sequía, las autoridades separatistas han caído en la cuenta de que necesitan la solidaridad española, y la tendrán porque así debe ser aunque muchos ciudadanos no estén seguros de que la merezcan. No será barata ni fácil –ni muy sostenible, por el gasto energético y por la generación masiva de salmuera– la tarea de desalar agua marina en Sagunto y transportarla a Barcelona en barcos cisterna. Pero hay que hacerlo y se hará, al coste que sea por tratarse de una incuestionable emergencia.

Tampoco el Gobierno de la nación ha hecho su trabajo. Ni el (los) de antes ni el de ahora, que ya lleva en el poder un lustro largo. La vicepresidenta de Medio Ambiente, tan entusiasta del discurso climático, se ha enterado tarde del ciclo árido que amenaza con prolongarse bastante más de lo que imaginamos. Estigmatizados los trasvases y los pantanos, el ministerio del ramo ha derribado con alegría decenas de represas y diques fluviales mientras la mitad del país veía disminuir sus reservas y agostarse el campo. Hoy se puede caminar por el fondo cuarteado de muchos embalses sin mancharse de barro los zapatos. Buena parte del malestar agrario obedece al cansancio ante unos cultivos cada vez menos rentables, unos regadíos exhaustos y un avance inquietante del páramo. Hay comarcas, y capitales relevantes, resignadas a restricciones del suministro cotidiano susceptibles de complicar mucho un estío que la meteorología pronostica especialmente cálido.

En este momento tocan medidas urgentes, improvisadas, caras, perentorias y tal vez de escaso efecto. Pero alguien tendrá que entender alguna vez que el desarrollo de un Estado moderno es inseparable de una estrategia hídrica estable y duradera en el tiempo que sólo puede establecerse mediante el consenso. Para ello es menester pensar primero un modelo, luego ser capaces de trazar acuerdos y por último, mantenerlos a salvo de las alternativas políticas en un mapa administrativo e institucional muy complejo. En eso consiste gobernar, en resolver problemas en vez de inventarlos, y a ser posible sin crear otros nuevos. Soluciones estructurales, no parches para salir del aprieto, esperar que el remedio real caiga del cielo y dejar que la próxima crisis vuelva a evidenciar la ausencia de proyecto. La España seca seguirá sufriendo hasta que los sedicentes progresistas acepten que sin agua no hay progreso.