Que el presidente del Gobierno cree que Álvaro García Ortiz es inocente, lo sospechábamos. De ser de otro modo, claro, nos habría ahorrado a todos el bochorno y la anomalía democrática de mantener al fiscal general del Estado en su puesto y encausado. A la más mínima duda, considero, por mucho que aquel le hubiese prometido por el rosario de su madre que es del todo inocente, lo habría cesado inmediatamente. Aplicamos a lo acontecido, pues, la mayor caridad interpretativa de la que somos capaces y concluimos que, efectivamente, el presidente del Gobierno está sincera y honestamente convencido de que García Ortiz es inocente. Y nos parece muy bien, solo faltaba. Lo que es inaceptable es que, mientras se desarrolla el juicio, asevere desacomplejadamente que este «es inocente» (no que cree en su inocencia, no: que sabe que esto es así, que esa es la verdad indiscutible) y que «más aún tras lo visto en el juicio» (juicio que no ha terminado). La diferencia entre ambas fórmulas es la responsabilidad institucional y, que quien opte por emplear la más desafortunada de ambas, justo la que adolece de ausencia de esa virtud, sea quien ostenta la jefatura del Estado, es muy grave. Habría sido tan fácil como manifestar la fe en la palabra del fiscal general y también la confianza en el buen hacer de la justicia, la confianza en que, a la luz de las pruebas y con todas las garantías, se dictará justa sentencia y nos aproximaremos a la verdad. Sea esa la que sea, que tendrá que determinarla el tribunal. Pero si, por el contrario y como ha ocurrido, el propio presidente del gobierno proclama la inocencia del acusado, lo que estamos es ante la ausencia de toda neutralidad debida y de una injerencia en la función jurisdiccional.

A mí, ante esta actitud de nuestro presidente, me surge alguna duda. Por un lado, me pregunto si, de saber Pedro Sánchez que García Ortiz es inocente (no creerlo, sino saberlo) no debería comparecer como testigo para aportar las pruebas que lo demuestran y que, supongo, contará con ellas para afirmar tal cosa con tal aplomo. Podría así justificarnos el sacrificio de su neutralidad, responsabilidad y respeto a la independencia judicial por haberlo hecho en el altar del bien superior de la verdad. Por otro, doy por hecho que de ser declarado inocente el fiscal general, Sánchez se felicitará y enarbolará un, en mayor o menor grado sofisticado, «yo ya lo dije». Pero, de ser este declarado culpable… ¿Optará por respetar la sentencia y rectificar, defender el buen funcionamiento del sistema judicial, o más bien apostará todo al rojo del ‘lawfare’, la fábrica del fango, las cloacas y una conspiración de la extrema derecha y la derecha extrema? ¿Qué preferirá el presidente de España: arrastrar la credibilidad de nuestras instituciones por el fango del desprestigio o rendición de cuentas y compromiso institucional? ¿Erosión reputacional para el poder judicial a costa de continuar defendiendo a servil subalterno o asunción de responsabilidades? «E un mondo difficile».