Javier Zarzalejos-El Correo
Hay que dejar de recrearse en la cifra mágica de 140.000 millones del plan de la UE y entrar de manera realista en lo que exigirá esa disponibilidad de dinero
Europa ha movido ficha y el movimiento pinta bien. El plan de recuperación anunciado por la presidenta de la Comisión Europea el pasado miércoles en Bruselas merece muchos de los titulares que ha conseguido. Es un logro sin precedentes, tanto como la crisis desatada por la pandemia, y supone una respuesta política rápida de la Unión teniendo en cuenta los tiempos que consumen los engranajes de Bruselas. Al margen de su acierto revela que se ha tomado en serio la gravedad de la crisis -lo cual era obvio- y el papel que la UE debe desempeñar, algo que no era tan evidente como demostraron las primeras declaraciones de la presidenta del Banco Central Europeo mostrando una sorprendente inhibición. La financiación del fondo de recuperación mediante deuda común emitida con la garantía de los estados miembros es una novedad de importancia cualitativa en la trayectoria de la Unión.
Es cierto que, como advierte la máxima comunitaria, hasta que todo está acordado nada está acordado. Falta el acuerdo de los jefes de Estado y de Gobierno y, aunque la fuerza del entendimiento previo entre Berlín y París prácticamente asegura un compromiso final, hay que contar con que se incorporen modificaciones que pueden afectar tanto al porcentaje de transferencias sobre préstamos como a la condicionalidad a la que se sometan aquellas y estos.
En cuanto al fondo que la Comisión propone, hay algunos aspectos que merecen ser considerados. Para empezar, una dotación que se queda por debajo de las expectativas iniciales que pensaban en cuantías de billón y medio a dos billones de euros. Habrá que medir también el rendimiento de los ingresos fiscales a través de tributos propios de la Unión orientados al pago de la deuda en la que va a incurrir la Comisión para constituir el fondo. Tasa digital y tasas verdes (plásticos, CO2) son los filones a la hora de definir nuevos hechos imponibles que, una vez ocupados por la Unión, no quedarán disponibles para los estados.
Para nuestro país, el plan de la Comisión ofrece un gran potencial si fuéramos capaces de aprovecharlo. Para empezar, sería muy recomendable que dejáramos de recrearnos en esa cifra casi mágica de los 140.000 millones de euros que se supone que nos corresponderían y entrásemos de manera realista en lo que exigirá esa disponibilidad de dinero. Olvidémonos de construir autovías, aeropuertos o rotondas con esos fondos. Lo que la Comisión propone no es un inmenso ‘plan E’ a escala europea, sino una poderosa palanca financiera para la modernización del modelo productivo mediante proyectos de inversión en el terreno de la digitalización y la transición energética.
Habrá que identificar proyectos, diseñarlos y someterlos al escrutinio de Bruselas que nos será benévolo. Y habrá que gestionarlos de manera eficaz para que no pase como con otros fondos que no se aprovechan por falta de dinamismo administrativo en su gestión. Probablemente, esos proyectos requerirán una cierta cofinanciación que podrá ser pública o privada y con los tiempos que se avecinan no parece que los presupuestos públicos estén para muchas alegrías. Más bien hay que pensar que la primera víctima de la crisis inevitable será la actividad inversora de las administraciones.
Todo esto significa que el papel del sector privado (empresas e iniciativas de sociedad civil) debería ser determinante para tomar el impulso necesario que nos saque de la crisis y modernice nuestra economía. Ni la transición energética ni la transformación digital pueden quedar a expensas de la actuación del Gobierno más allá de sus responsabilidades reguladoras, que no es poca cosa. Es difícil adivinar cómo el Estado va a identificar proyectos en digitalización cuando, por poner un ejemplo, el Gobierno no ha sido capaz de alumbrar a estas alturas una estrategia nacional de inteligencia artificial.
Si queremos aprovechar las facilidades a las que vamos a tener acceso, no hay alternativa a una estrategia ambiciosa y exigente de colaboración público-privada. Nada sería peor que contemplar este plan de recuperación con mentalidad de ‘free rider’, en la creencia de que todo es gratis, que eso de que las transferencias ‘no hay que devolverlas’ equivale a una barra libre, porque si esa es la actitud, la decepción puede ser mayúscula.
El plan de recuperación propuesto por Ursula von der Leyen es sólo uno de los retos. El otro, que compete directamente a Bruselas, es el restablecimiento del mercado interior que entre la ruptura del espacio Schengen y la suspensión de la disciplina de las ayudas de Estado está muy lejos de ser ese terreno de juego nivelado en condiciones de igualdad para todos en que tiene que desarrollarse la actividad económica de la Unión. Alemania acapara el 51,5% de las ayudas de Estado aprobadas; España, el 1,4%. El dato no necesita comentario.