La intervención de los teléfonos de miembros del Gobierno de España es un caso muy grave de espionaje entre países. En la misma fecha (mayo de 2021), París reveló que el teléfono del presidente de la República, entre otros, había sido infectado por el programa Pegasus, que solo está a disposición de gobiernos. Muchos indicios apuntaban a Marruecos como presunto responsable de esos ataques. Resulta muy sorprendente que nuestro Ejecutivo no se hubiera percatado entonces de que estaba siendo espiado y que haya tardado un año en enterarse, y precisamente cuando el CNI está siendo objeto de una operación de acoso por parte de los separatistas catalanes.

Cosa muy distinta es la eventual vigilancia -con intervención de las comunicaciones incluida mediante el uso de la tecnología Pegasus- a la que pudieron ser sometidas personas vinculadas al frustrado intento de golpe de Estado perpetrado en Cataluña en 2017. No estaríamos aquí ante un escándalo de espionaje internacional, sino ante un caso de defensa legítima del Estado de Derecho. Todo Estado tiene la obligación de velar por su seguridad. Para ello dispone de servicios de información que deben vigilar a quienes planean actos de subversión del orden constitucional. Ahora bien, por exigencias del Estado de Derecho, esas labores de vigilancia tienen límites constitucionales claros y estrictos. Han de llevarse a cabo de forma individualizada y con la preceptiva autorización judicial de un magistrado del Supremo.

En este contexto, nada de extraño tendría que, en el marco del golpe separatista catalán, los servicios de inteligencia del Estado sometieran a vigilancia, con el permiso judicial correspondiente, a unas decenas de personas. Lo verdaderamente escandaloso habría sido que nuestros servicios de espionaje hubieran permanecido pasivos y no hubiesen cumplido con la tarea que la ley taxativamente les impone. «La principal misión del Centro Nacional de Inteligencia será la de proporcionar al Gobierno la información e inteligencia necesarias para prevenir y evitar cualquier riesgo o amenaza que afecte a la independencia e integridad de España» (preámbulo de la Ley 6/2002 reguladora del CNI). La ley orgánica 2/2002 -complementaria de la anterior- prevé expresamente la adopción de medidas que afecten al secreto de las comunicaciones cuando «resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas» al CNI. Medidas que se deben justificar individualmente y someter a autorización judicial.

Nada hace suponer que esos límites constitucionales no se hayan respetado. No se ha aportado indicio alguno al respecto. Se han proferido acusaciones carentes de soporte probatorio alguno. Todo se reduce a unas denuncias de «espionaje masivo» publicadas por medios afines al separatismo y carentes por completo de credibilidad. Lo cierto es que se podría haber sometido a vigilancia a un número mayor de personas. Las investigaciones tendentes a neutralizar o frustrar golpes de Estado y operaciones de ruptura de la unidad nacional lo requieren. Si alguien sospecha que se ha producido una escucha ilegal debe denunciarlo ante la Justicia. Todo lo demás es espesar la confusión y erosionar el prestigio del CNI.

Conviene finalmente subrayar que en un Estado democrático el responsable último de los servicios de inteligencia es el presidente del Gobierno: él es el destinatario de la información suministrada por el CNI y quien puede ordenar el cese de las operaciones. Habría que felicitarse de que no lo hubiera hecho y de que rechazara las tesis de quienes prefieren mirar para otro lado y dejar inerme al Estado. Ahora bien, esa actuación del jefe del Ejecutivo contradice la política de alianzas sobre la que basa su mayoría parlamentaria: los enemigos del Estado a los que presuntamente habría ordenado vigilar son sus aliados políticos. Eso es lo delirante.

Esa esquizofrenia gubernamental puede poner en peligro las misiones del CNI y la seguridad nacional. Resulta especialmente preocupante que la presidenta del Congreso -siguiendo como es habitual las instrucciones del presidente del Gobierno- haya modificado la forma de elección de los miembros de la Comisión de control de fondos reservados, la competente para controlar al CNI, para integrar en ella a representantes de ERC, Bildu y la CUP. De esta forma a quienes podrían ser legítimamente vigilados por sus actuaciones subversivas del orden constitucional se les atribuye la función de controlar políticamente al CNI.