Si Buesa levantara la cabeza…

A Fernando Buesa y su escolta, Jorge Díez Elorza, los reventó un coche bomba accionado por los amigos de Otegui un 23 de febrero del año 2000. Era un dirigente del Partido Socialista de Euskadi y, como tal, «responsable directo del conflicto que se vive en Euskal Herría», según declaró en el juicio el terrorista Asier Carrera Arenaza, detenido unos meses después y condenado a 103 años de prisión. Desde hace casi un lustro disfruta de una celda próxima a su hogar, privilegio inherente a la «vía Nanclares» otorgado a cualquier terrorista dispuesto a firmar un papel diciendo que se arrepiente, aunque tal arrepentimiento no se traduzca en colaboración alguna con la Justicia. El mismo trato que el Gobierno de Vitoria quiere dispensar masivamente a los presos del hacha y la serpiente, incluidos los más sanguinarios, con el apoyo de la socialista Idoia Mendia.

A Fernando Buesa lo mataron, como a tantos otros representantes del Estado de Derecho, por defender de palabra y obra la legalidad constitucional en el País Vasco. Esto es, por negarse a ceder al chantaje de la banda y quebrar los dos artículos nucleares de la Carta Magna. El que consagra la inquebrantable unidad de la Nación española y el que residencia la soberanía nacional en el conjunto del pueblo español; en todos y cada uno de sus ciudadanos, de forma unitaria e indivisible. A este respecto conviene recordar, porque a veces parece olvidarse, que ETA no sembró muerte y terror durante décadas por una suerte de placer morboso, sino con el empeño de romper esa unidad. ETA no estaba ni está constituida por una cuadrilla de psicópatas, sino por separaristas dispuestos a llevar su fanatismo hasta las últimas consecuencias. Separatistas que hoy persiguen idénticos fines rupturistas con medios adaptados a los tiempos, de coacción «blanda», basados en sustituir la pistola o el coche bomba por la tergiversación y el engaño. Esa infecta manipulación del «relato», en la terminología al uso, que equipara la bala a la nuca e iguala a víctimas y verdugos. El hecho de que tal recurso a la demagogia falsaria sea habitual en el contexto de libertades en el que nos movemos no convierte los fines en lícitos. Ni lícitos ni democráticos. Porque la democracia no consiste únicamente en votar, como repiten machaconamente sus peores enemigos, sino en respetar las reglas del juego vigentes para los participantes en el mismo y utilizarlas, llegado el caso, para cambiar el tablero. Por eso, señora Mendia, Euskadi no puede arrogarse el título de nación, prescindiendo del resto de españoles implicados en la definición y su correpondiente territorio, y mucho menos pueden sus habitantes decidir unilateralmente de qué modo quieren interactuar en España, cuya soberanía no les pertenece. Ni ellos, ni los de Cataluña ni cualesquiera otros adscritos a una comunidad autónoma.