Si el Rey tiene razón, cuidado con la democracia…

Como norma general, en una Monarquía parlamentaria los discursos del Rey han de ser visados por el Gobierno y recibir su luz verde. Pero la situación política española se ha deteriorado tanto desde 2018 que hoy enunciar lo normal se torna ya sorprendente. Recordar los principios básicos de un sistema de derechos y libertades resulta osado. Incluso puede parecer que quien los enuncia le está enmendando la plana al actual Gobierno.

Eso ocurrió ayer en Barcelona, cuando Felipe VI recordó en en la entrega de sus despachos a los nuevos jueces algunos principios elementales de toda democracia. El Rey afirmó que «sin una justicia independiente no existiría verdaderamente el concepto de una comunidad política democrática». También resaltó que «el respeto a las resoluciones dictadas por los órganos judiciales y la igualdad de todos ante la ley son condiciones indispensables de la democracia».

Es decir: si los jueces no fuesen independientes del Ejecutivo y si las leyes no fuesen iguales para todos los españoles, el Rey sostiene, y con razón, que entonces la democracia estaría en peligro. Ante esa consideración caben dos reacciones. Una es silbar como quien oye llover y no darse por aludido (que es lo que hacen la izquierda oficialista y los medios de seudoderecha contemporizadores con el sanchismo). La otra reacción consiste en tomarse el recado en serio y extraer conclusiones, proceder a hacer la prueba del algodón de la democracia:

–¿Somos los españoles iguales ante la ley? Desde que gobierna Sánchez, ya no. La ley de amnistía supone que de una manera arbitraria, para obtener un poder que no ganó limpiamente en las urnas, un gobernante va a retorcer la legalidad constitucional al dictado de aquellos a los que debe su puesto. Y no es la primera vez que lo hace. Mientras los españoles del común cumplen sus penas, recibiendo tan solo los beneficios penitenciarios ordinarios, a los condenados por el golpe sedicioso de 2017 se les han regalado indultos a la carta. Incluso el Código Penal ha sido remozado siguiendo sus exigencias. Tampoco existe igualdad entre españoles cuando de hecho hoy dos regiones disfrutan de unas competencias distintas a las de las demás y de un tratamiento contable más ventajoso por parte del Estado.

–¿Se está respetando en España la independencia de los jueces? Pues tampoco superamos aquí la prueba del algodón. Existe un señalamiento expreso por parte de miembros del Gobierno a los magistrados que toman decisiones que consideran perjudiciales para los intereses políticos de su partido. Una vicepresidenta del Gobierno, Teresa Ribera, ha llegado a lanzar una acusación contra García-Castellón que en la práctica suponía tacharlo de prevaricador, acusarlo de cometer un delito. Los socios de Sánchez atacan con fiereza a los jueces desde la tribuna del Congreso (con la complicidad silente de la presidenta de la Cámara). El fiscal general del Estado, un fámulo de Sánchez que cuando ejercía en Galicia participaba en mítines del PSOE, coacciona a los fiscales que pueden crear problemas a su jefe. El Tribunal Constitucional, con un presidente que se comporta como un militante socialista más que como un jurista de fuste, ha llegado al extremo bolivariano de enmendar las condenas del Supremo, desvirtuando así la función del TC y convirtiéndolo en una suerte de tribunal de casación para ayudar políticamente al presidente del Gobierno.

En resumen, lo que ha señalado el Rey es importantísimo. En un país más despierto –y con otras televisiones– pondría a la inmensa mayoría de la opinión pública en situación de máxima alerta. Tenemos fortuna al contar con Felipe VI, porque es el último dique de protección de nuestra democracia y de la unidad de España. Por eso la izquierda lo tiene en su punto de mira y su próximo movimiento consistirá en intentar acabar con la inviolabilidad del Rey, caballo de Troya para a continuación tratar de liquidar a la Corona.

Hoy en España recordar los principios constitucionales más obvios resulta revolucionario. En la Tiranosfera de Mi Persona enunciar las reglas básicas de una democracia hace que te condenen de cabeza a la hoguera de «la fachosfera», el infierno civil.

Por desgracia, la lucha política en España ya afecta a los propios pilares del sistema. No está en juego la alternancia entre partidos, que es lo normal. Lo que empieza a estar en cuestión es saber si el partido del Gobierno está dispuesto a aceptar con naturalidad esa alternancia. Y empieza a parecer que no. Lo cual llevado a sus extremos tiene un nombre: autocracia.