Sí, es un golpe de estado

AL fin el ministro Portavoz ha tenido el valor de llamarlo por su nombre: golpe de Estado. Eso es exactamente lo que se fragua en Cataluña por parte del gobierno de la Generalitat y las fuerzas que lo sostienen en el parlamento autonómico. Un golpe de Estado cuyo propósito es no solo subvertir el orden constitucional, sino dinamitar la indisoluble unidad de la Nación española que sirve de fundamento a esa Carta Magna. En otras palabras; destruir el principio de soberanía nacional que da sentido y razón de ser a nuestro modelo de convivencia y llevarse por delante a España.

Íñigo Méndez de Vigo ha pronunciado las palabras fatídicas y el propio Mariano Rajoy ha confesado estar ante el acontecimiento más grave de cuantos ha conocido en su vida política. Un plan meticulosamente urdido que contempla celebrar un referéndum de autodeterminación en este otoño o, en su defecto, proclamar unilateralmente la independencia y en ese mismo momento activar una ley de ruptura, ya redactada, cuya finalidad es someter a la Justicia, las Fuerzas de Seguridad, la Hacienda y hasta los medios de comunicación al control directo del ejecutivo de esa nueva «república catalana» hija de la sedición. Una hoja de ruta conocida merced a una filtración periodística, que concuerda a la perfección con todo lo dicho y hecho por los golpistas en estos años, mientras algunos de sus correligionarios compatibilizaban la «patria» con el saqueo de las arcas públicas.

De modo que tenemos al presidente de la Generalitat, máximo representante del Estado en Cataluña, participando (presuntamente) en una conspiración encaminada a cometer un gravísimo delito y anunciando además públicamente su determinación de perpetrarlo desde un salón facilitado por el ayuntamiento podemita de Madrid. Tenemos a un parlamento autonómico elaborando secretamente leyes encaminadas a quebrar el ordenamiento jurídico vigente. Tenemos a un ministro portavoz reconociendo en Bruselas, capital de la Unión Europea, que en nuestro país está en marcha un intento de golpe de Estado. Y tenemos a un presidente del Gobierno alarmado hasta el punto de expresar en voz alta su preocupación ante el acontecimiento más grave de cuantos ha vivido en su trayectoria política. Tenemos también a un fiscal general, José Manuel Maza, de visita oficial en Cataluña, pero no con la misión de instruir a algún representante local del Ministerio Público para que ordene la detención inmediata del presunto golpista, sino en aras de honrar la cortesía institucional. Y a juzgar por las sonrisas que exhiben tanto él como Puigdemont en las fotografías del encuentro, sin la menor tirantez derivada de la circunstancia. Tenemos un Fondo de Liquidez Autonómico que ha proporcionado más de 66.000 millones a la quebrada administración catalana, ayuna de solvencia y de crédito internacional, gracias a la solidaridad de esos españoles que, según los separatistas, les robamos. Los últimos 3.000 millones hace apenas unos meses, pese a las constantes ofensas lanzadas por los receptores del auxilio. Tenemos una vicepresidenta con despacho abierto en Barcelona que no se cansa de tender la mano y poner la cara, suya y nuestra, para ver cómo nos la parten. Tenemos un Congreso que asiste impávido a este esperpento mientras el grupo de Pablo Iglesias prepara una moción de censura apoyada por los golpistas y no sabemos (confiemos en que no sea así) por el PSOE de Sánchez.