Si hay voluntad política…

Hay latiguillos peligrosos. Este es uno de ellos. Se suele afirmar, con frecuencia, que una determinada actuación puede llevarse a cabo “si hay voluntad política”. En principio, parece una obviedad. Voluntad equivale aquí a deseo: si desde un determinado poder público se desea hacer algo se hace y si no, no. Y punto. La voluntad de hacer es un elemento esencial, no puede darse actuación política sin este imprescindible impulso, cualquier autoridad la ejerce a diario.

En principio, pues, el latiguillo parece inocuo. Pero normalmente, cuando se alega, suele tener otro significado, muy distinto, con frecuencia perverso, que lo adivinamos por el contexto en el que se pronuncia. En efecto, al invocar la voluntad política lo que se pretende es, lisa y llanamente, saltarse la ley, prescindir del derecho, actuar sin límites legales. Se atribuye la culpa sólo a la decisión de quien desempeña un cargo, no a que lo impida la ley.

En definitiva, lo que se quiere decir con la famosa voluntad política es lo siguiente: ‘ya sé que esto que pretendo es ilegal pero, como todos sabemos, la ley es interpretable, es decir, moldeable, como si fuera de plastilina, quien tiene poder puede darle el significado que quiera y si es recurrida ante un tribunal este mismo poder ya se encargará de ejercer la conveniente presión para que el poder judicial no ponga objeciones’. Tal concepción implica un grave desprecio para el Estado de derecho ya que sitúa al poder (al Estado entendido como conjunto de órganos) por encima y al margen de las normas (entendidas en su conjunto, como sistema que conforma un ordenamiento jurídico), es decir, del derecho.

Es más, en el fondo, lo que se pretende con esta concepción es configurar un poder político con voluntad ilimitada de mando, precisamente lo contrario de la idea de Estado de derecho, al prescindir de dos principios básicos: la división de poderes (todo poder está limitado por otro poder) y la supremacía del derecho (toda actuación de un poder público debe estar autorizada por una norma jurídica y dictado en forma de tal). Ambos principios están estrechamente relacionados y van dirigidos a la misma finalidad: que un hombre no gobierne sobre otro sino que nos gobiernen únicamente las leyes y que estas tengan como objetivo la igual libertad de las personas.

Por tanto, desconfíen de quienes hablan de voluntad política. Incluso cuando hablan en nombre de una supuesta voluntad del pueblo, interpretada por ellos, en la mayoría de los casos lo que pretenden es saltarse las normas, vulnerar el derecho, es decir, que las personas deban obedecer a otras personas, en concreto a ellos, y no a las leyes, es decir, a todos.