Ignacio Camacho-ABC
- El Gobierno ha cometido desacato pasivo a una orden del Supremo. Nadie en los consulados ha movido un dedo para depurar el censo
El último auto del Supremo sobre la ‘ley de nietos’ contiene un elemento más llamativo si cabe que el del bloqueo de las nuevas inscripciones en el censo. Se trata de un severo reproche al Gobierno por haberse desentendido de la orden con que el tribunal le conminó en septiembre a revisar las altas de votantes CERA registradas en el extranjero. Eso se llama desacato pasivo o insubordinación por vía de hecho: la Sala de lo Contencioso emitió un mandato expreso y durante un mes nadie ha movido un dedo por llevarlo a efecto. Dicho de otra manera, los responsables de los consulados afectados se han hecho los suecos para que la Abogacía del Estado pudiese alegar que la medida era de imposible cumplimiento, sin concretar los supuestos inconvenientes técnicos.
Como es natural, el truco no ha funcionado. En realidad es la razón principal de que los jueces hayan decidido mantener la suspensión del derecho a votar de los recién nacionalizados hasta que sea posible auditarlo. La resolución hace referencia a la necesidad de «limpieza y pulcritud en la relación de electores», esto es, en la determinación diáfana de quiénes conforman el sujeto soberano, el «we the people», la comunidad política cuya existencia da sentido al hecho democrático. La sola duda sobre una eventual alteración irregular de ese cuerpo ciudadano deja en entredicho la legitimidad del proceso y abre la sospecha sobre esa clase de fraude que en España y Sudamérica, donde constituye un fenómeno clásico, se conoce como pucherazo. La verdadera ‘presunción’ de la instrucción ministerial que ha originado la polémica consiste en la conjetura de que los descendientes de españoles emigrados simpatizan en su mayoría con la izquierda. Refuerza esta idea el hecho de que las legaciones consulares con mayor número de solicitantes sean las de Argentina, México, Cuba y Venezuela, aunque tal vez muchos de ellos sólo aspiren a un pasaporte válido en toda la Unión Europea. Si el Ejecutivo creyese que son de derechas su voluntad de otorgarles el voto a toda prisa sería mucho menos enérgica. Pero la maniobra canta de lejos a operación de conveniencia de un partido en declive acuciado por la certeza de que, salvo en el tarot demoscópico de Tezanos, no le salen las cuentas.
La baza del Constitucional no está clara. Los plazos procesales y electorales corren y sólo pueden recurrir las partes (personas) afectadas. La toga de Pumpido tiene ya demasiado barro y su dueño no parece dispuesto a mancharla con otra faena poco aseada; ha cumplido con la amnistía y debe de ver escasa materia para hacer su magia. A Pedro le queda la vía improbable del decreto ley con rápida convalidación parlamentaria; su equipo está estudiándola. Si esa fórmula encalla no tendrá otro remedio que acatar la decisión y poner a la maquinaria diplomática a cumplir contra reloj la tarea de purga censal que tenía encomendada y que procrastinó adrede para sacar ventaja. No es justicia poética: es justicia real, justicia democrática contra el intento de hacer trampa.