Editorial El Español

La llamada fórmula del pin parental, la propuesta de Vox de que los padres tengan derecho a autorizar o no la asistencia de sus hijos a charlas LGTBI o sobre violencia de género, ha abierto un gran debate social. Esta medida se ha convertido en uno de los requisitos que el partido de Santiago Abascal quiere imponer en Madrid y Andalucía -como ya ocurre en Murcia-, como condición indispensable para dar su apoyo a los presupuestos regionales.

El Gobierno califica el pin parental como «inconstitucional» y amenaza con recurrir al TC a las autonomías que lo pongan en marcha. En defensa de su tesis, el Ejecutivo ha llegado a afirmar que «los hijos no pertenecen a los padres». Pero si a alguien no pertenecen los escolares es al Estado.

En primer lugar, llama la atención que este Gobierno, que ha hecho de la «desjudicialización» de la política uno de sus lemas para solucionar los problemas en Cataluña, amenace a Murcia con el TC. Si fuera coherente, debería de anteponer, también aquí, el diálogo a los tribunales.

Extraescolares

Pero además, el argumento esgrimido por la ministra de Educación Isabel Celaá sobre la propiedad de los niños, es más de regímenes comunistas que de democracias occidentales. El Código Civil no deja lugar a dudas a este respecto: las obligaciones y los derechos sobre los hijos son responsabilidad de su padres.

Es de sentido común que de la misma manera que los padres tienen derecho a decidir si sus hijos participan en una excursión, también puedan elegir si les permiten participar en una excursión intelectual que proponga el centro. Ahora bien, sólo si se trata de actividades extraescolares, no curriculares.

En las actividades que formen parte del programa educativo aprobado a nivel nacional y autonómico los padres sólo podrán oponerse por los cauces establecidos, y no deberían tener capacidad de veto. En ese punto Vox pierde la razón cuando pretende  intervenir sobre contenidos educativos.

Pacto de Estado

Al Gobierno le viene muy bien esta controversia, en la medida en que se visualiza su apoyo a colectivos afines y puede confrontar con Vox. Está claro que algunos de esos colectivos a los que el Ejecutivo quiere dar protagonismo en los colegios están fuertemente ideologizados y que sus talleres y conferencias son vistos con recelo por muchos ciudadanos.

Poner el foco en el pin parental también deja en un segundo plano uno de los graves problemas de nuestro país: el adoctrinamiento en las aulas de comunidades donde hay un fuerte peso del nacionalismo.

Sobre una materia tan sensible para el futuro de nuestro país como es la educación convendría no caer en la irresponsabilidad de generar polémicas que, de una forma u otra, tratan de dividir a la sociedad y hacer proselitismo sin importar el bien supremo: garantizar la mejor formación a nuestros jóvenes. Al Gobierno, lo que le corresponde es promover un modelo educativo de calidad y, sería lo deseable, tras acordar un gran pacto de Estado con las fuerzas políticas.