- Aquí manda quien manda: Sánchez ha indultado a seis sindicalistas de la CNT que con sus coacciones de todo tipo arruinaron a un empresario pastelero
En junio de 2021, cinco magistrados del Tribunal Supremo condenaron a tres años y seis meses de cárcel a cinco mujeres y un hombre, sindicalistas de la CNT, por coacciones graves y continuadas y obstrucción a la justicia en el caso de la pastelería La Suiza de Gijón. ¿Fue una excentricidad del Supremo? No, pues previamente habían llegado a idéntica conclusión el magistrado del juzgado de instrucción y los tres jueces de la Audiencia Provincial.
Pero da igual, la causa de las llamadas Seis de la Suiza era todo un estandarte propagandístico de la izquierda. Así que Sánchez, que quiere aglutinar todo el voto radical, ha decidido indultarlos, a petición de Yolanda Díaz, a pesar de que ya no iban a la cárcel y estaban solo en localización telemática.
Una vez más la arbitrariedad del autócrata, su personalísimo sentir doctrinario, se impone al más alto Tribunal de España, como con los indultos a los delincuentes del golpe separatista de 2017 y con su posterior amnistía por orden de Sánchez a su fámulo Pumpido. Por supuesto, en los medios del régimen nadie destacará que por el acoso ilegal de los ahora indultados el empresario dueño de la pastelería, José Álvarez, acabó arruinado tras 18 años con el negocio. Los piquetes en la puerta y las acusaciones de acosador sexual no ayudaron a La Suiza. Ahuyentaron al público y Álvarez acabó cerrando su local de Gijón y otro que tenía en Oviedo, y hasta perdiendo su piso tras un concurso de acreedores.
En junio de 2016 una empleada de la pastelería, Olga, pidió la baja alegando riesgo de aborto y acusó al empresario de que no la había dejado ausentarse cuando le dijo que se sentía indispuesta. La pareja de la embarazada, Héctor, se presentó en el local como un energúmeno y tras unos insultos coléricos acabó dando una patada a una nevera, que rompió. El empresario, José Álvarez López, lo denunció por amenazas y destrozos. A partir de ahí comenzó una campaña sindical contra él, que incluyó protestas ilegales frente a su puerta y pasquines denigrantes y difamatorios. El pastelero habla también de amenazas de muerte. Cuando el conflicto laboral fue enrareciéndose acabaron acusándolo también de acoso sexual. Durante mes y medio acosaron al empresario y su familia sin haber interpuesto demanda laboral alguna, pues Olga estaba de baja. La sentencia concluye que no había una justificación sindical para las protestas, «pues no había conflicto laboral alguno».
La izquierda esgrime como argumento a favor de los seis condenados que «se ha criminalizado su protesta». Un razonamiento jurídicamente absurdo. Existe un Código Penal y condenar al que se lo salta y delinque no es «criminalizarlo», es hacer que se cumpla la ley. Pero estos conceptos igual resultan demasiado complejos para nuestra Viceboutique.
Los seis condenados ingresaron en una cárcel asturiana el 10 de julio de 2025 y solo ocho días después ya obtuvieron el tercer grado. En la actualidad ya dormían en sus casas bajo control telemático. Es decir, no había necesidad alguna de torcerle la mano al Supremo, salvo para decir «pa chulo, el meda» y para volver a recordarnos que la «soberanía popular» está por encima de la ley y la justicia. Lo cual es una autopista hacia la ley de la jungla y la dictadura, pues ¿quién establece lo que es justo o no? El autócrata que ocupa la Moncloa sin haber ganado las elecciones.
Cuando el Gobierno se acostumbra a doblarle la mano al Supremo está ocurriendo algo malo, muy malo. El mensaje queda claro: «Aquí manda quien manda, y punto».