Pedro Sánchez ha resuelto la crisis con sus socios desatada por la compra de munición a Israel no sólo rectificando, al ordenar este jueves al Ministerio del Interior «rescindir de forma unilateral» el contrato de compra de más de 15 millones de balas. Sino también imputándole a Fernando Grande-Marlaska la responsabilidad del movimiento que ha desairado a Sumar y ha llevado a IU a amenazar con romper la coalición.
Fuentes de Moncloa aseguran a EL ESPAÑOL que Marlaska siguió adelante por su cuenta con el contrato, a pesar de que sabía que su ejecución supondría violar el acuerdo de coalición por el que el Gobierno se comprometía a no comprar ni vender armamento a empresas israelíes desde que estalló el conflicto en Gaza.
Ante las protestas de Sumar entonces, y la orden de anularlo de Moncloa, el Ministerio del Interior anunció el pasado octubre que iniciaba el proceso para rescindir la adjudicación. Pero, tras estudiar todas las posibilidades de cancelación, el Ministerio decidió atender la recomendación de la Abogacía del Estado, que desaconsejó la rescisión debido a la avanzada fase de tramitación del contrato. La anulación hubiera supuesto abonar el precio a la empresa sin recibir el material contratado.
Para no tener que pagar una indemnización de 6,6 millones de euros, Interior decidió finalmente no cancelar el contrato. Y Moncloa alega ahora que esta decisión la tomó Marlaska sin el conocimiento del presidente.
Sánchez ha optado por proteger a Yolanda Díaz frente al asedio de Podemos a costa de desautorizar a Marlaska. Pero esta desautorización supone validar la versión de la vicepresidenta sobre la suspensión de la compraventa de material militar a Israel.
Y, en ese caso, quien debería dimitir no sería Yolanda Díaz, que estaría alineada con la decisión de Moncloa, sino Grande-Marlaska, que habría actuado de forma autónoma.
Porque sólo hay algo peor que una parte del Gobierno reniegue de la otra, y es que Presidencia no coordine correctamente a sus ministerios.
En cualquier caso, la rescisión tardía y abrupta del contrato entraña un pulso público a Israel. Sólo por salvar la posición de Yolanda Díaz, al presidente no le ha importado abrir un conflicto diplomático con Tel Aviv, que ha reprochado a España «estar sacrificando cuestiones de su seguridad por motivos políticos» y «continuar oponiéndose al Estado judío».
Un encontronazo, además, cuya justificación ideológica no puede resultar más pueril. Como si la anulación de la compra de estas balas fuera a tener el más mínimo impacto sobre Israel y su ofensiva en Gaza. O como si las balas fueran sionistas.
Por otro lado, este patinazo juega en contra de la propia idea del aumento del gasto en Defensa anunciado este martes, cuyo objetivo es el de congraciarse con el resto del mundo occidental. En cambio, la rectificación hace quedar al Gobierno como un agente poco fiable en sus compromisos militares, dispuesto a incumplirlos por cuestiones puramente estéticas y de índole interna.
Para denegar a la empresa israelí el permiso de importación, Sánchez ha alegado «razones de interés general». Pero la cancelación del contrato apunta exactamente a lo contrario: que el presidente dispone del dinero público en función de sus necesidades políticas personales, y que antepone la estrategia para mantener viva su coalición a las necesidades económicas y militares del país. Algo que sólo viene a atestiguar nuevamente su concepción patrimonialista del poder.