ABC – 20/04/16 – IGNACIO CAMACHO
· Un tabú farisaico velaba un secreto a voces. El lucrativo negocio de la denuncia retráctil y la imputación a la carta.
Los sicofantes (o sicofantas, como prefiere la Academia) eran denunciantes profesionales en la Atenas clásica. Al no existir fiscales públicos el ejercicio de la acusación quedaba en manos de particulares y se prestaba al chivatazo sesgado, al ajuste de cuentas, a la intriga falsa, a la difamación mercenaria.
De ahí que en castellano el significado de la palabra haya derivado en el genérico de «impostor» o «calumniador», aunque desprovisto de la condición extorsionista que ha adquirido en la práctica judicial contemporánea. La antigua figura del delator a sueldo ha cobrado un nuevo sentido en España al amparo de la susceptibilidad social ante la corrupción, capaz de generar incluso una reciente picaresca del chantaje. El lucrativo negocio de la denuncia retráctil, el oportunista oficio del linchamiento a la carta.
El escándalo de Ausbanc y Manos Llenas – perdón, Limpias (!!!)– era en los tribunales españoles un imperdonable secreto a voces, que tal vez permanecería aún velado en el limbo de los tabúes farisaicos si los modernos sicofantes no hubiesen pisado el cable de alta tensión que corría bajo los pies de la Infanta. Ebrios de impunidad, olvidaron que detrás del caso Nóos se movía el aparato del Estado. Si empresarios, políticos y financieros habían pagado para eludir la acción popular, llegaron a imaginar la imputación de Doña Cristina como pieza de alta tasación en su habitual subasta.
Se sentían protegidos por el aura justiciera que les había proporcionado la creciente irritación de una sociedad hastiada por el expolio de sus élites extractivas. Tribunos de la plebe, paladines de la regeneración, implacables debeladores de la venalidad, apóstoles de la pena de telediario y la expeditiva justicia de costureras.
En esta burda coacción recién desenmascarada hay sin embargo un asunto antipático que escapa del simple comercio de imputaciones con marca de la casa. Se trata del papel del juez Castro, obcecado con la idea de sentar a una royal en el banquillo. Dada la oposición extenuante de la Fiscalía, la Infanta fue inculpada porque el magistrado se mostró proclive a los argumentos de la acusación particular moviéndose a favor de una corriente de falso populismo moral que alcanzó incluso a los componentes de la Sala. Conocido el montaje –ay, aquellas comprometedoras fotos de los cordiales gintonics compartidos por la letrada y el instructor–, Castro queda en situación más que desairada.
O bien sirvió como colaborador involuntario de un chantaje o utilizó a los sicofantes como instrumento de sus propios criterios subjetivos para articular un procesamiento estelar a la medida de los prejuicios de masas. Y lo peor es que tanto este como otros muchos casos intervenidos por estos presuntos y omnipresentes incorruptibles quedan ahora contaminados por la insoportable sospecha de una manipulación intoxicada.
ABC – 20/04/16 – IGNACIO CAMACHO