Al final de la inolvidable película Casablanca, Rick (Humphrey Bogart) le dice a su amada Lisa (Ingrid Bergman) aquella frase inmortal: “Siempre nos quedará París”. París era el bello recuerdo que nadie, ni siquiera en aquel mundo convulso, podría arrebatarles jamás a los protagonistas.

En España vivimos ahora tiempos convulsos. No son tiempos de guerra, claro. Pero sí tiempos de descrédito de las instituciones.

De partidos que piden abiertamente al Gobierno que influya en los jueces o los fiscales a cambio de apoyos en el Parlamento.

De revelaciones gravísimas que afectan a la anterior Jefatura del Estado.

De ayuntamientos, como el de Barcelona, que votan en contra de la ejecución de una sentencia firme dictada por un tribunal legítimo.

De un mapa político impredecible.

Y la crisis terrible del virus y los interrogantes del horizonte económico suman aún más desconcierto e incertidumbre.

Mientras la sociedad española asiste atónita a todo esto, el Poder Judicial, siempre denostado por su eterna lentitud y falta de medios materiales, se ha convertido, creo que involuntariamente, en una especie de esqueleto del Estado.

Esqueleto que nos devuelve, de cuando en cuando, la sensación reconfortante de que, incluso ahora, el derecho sigue siendo el derecho, las leyes siguen siendo las leyes y el Estado sigue siendo el Estado. La sensación de que, como les pasaba con su romance de París a los amantes de Casablanca, a los ciudadanos siempre nos quedarán los jueces.

Veamos algunos ejemplos de estos años.

Primero, claro, la Manada. No vi ese juicio porque se celebró a puerta vacía. Tampoco lo vio ninguna de las miles de personas que se sumaron al linchamiento inaudito de los jueces de la Audiencia Provincial de Pamplona. No siento la más mínima simpatía por los acusados, pero pocas veces hemos asistido en España a una presión tan brutal sobre un tribunal de justicia.

Tras dictarse la sentencia, políticos de pacotilla, siempre dispuestos a la cosecha de votos, animaban con entusiasmo la cacería y hasta llegaron a inventarse aquello de que lo que realmente había que aplicar era el veredicto de la calle. Algo que está a medio camino de las carretas de condenados de Maximilien Robespierre y los autos sacramentales de la Edad Media.

Las redes sociales rivalizaban por su parte en andanadas a los tres jueces y en dogmas, sin pies ni cabeza, sobre derecho penal.

Sin embargo, dictada la sentencia, y pese a la que estaba cayendo durante aquellas semanas de abril y mayo de 2018, los jueces de Pamplona acordaron la libertad provisional de los acusados mientras se sustanciaba el recurso.

A mí me pareció sublime aquel acto de valentía. Los jueces aplicaron el derecho. Bien o mal (seguramente bien). Pero, en todo caso, sin dejarse llevar por esa cosa escalofriante del veredicto de la calle.

La prisión provisional sólo puede acordarse o mantenerse en función de determinados requisitos legales. Y entre esos requisitos no están, por suerte, ni los tuits, ni las manifestaciones de protesta, ni el oportunismo de los malos políticos.

Eso es lo que separa el Estado de derecho del Lejano Oeste.

La sentencia, por cierto, no debía ir del todo desencaminada, porque fue confirmada por el Tribunal Superior de Navarra. Es decir, por otros tres jueces. Luego, el Tribunal Supremo elevó las condenas.

Seguramente, la cuestión era compleja. Pero la aplicación del derecho muchas veces lo es. Ha habido, desde la sentencia de la Manada, muchos otros casos similares. Ya nadie les presta atención especial. Pero los jueces siguen haciendo, calladamente, su trabajo.

Otro caso es el de Juana Rivas. En 2016 y 2017, la señora Rivas, pese a la existencia de órdenes judiciales claras para la entrega de sus hijos a su padre, Francesco Arcuri, decidió llevárselos a paradero ignorado y eludir la entrega.

Pudo haber acatado la resolución, o recurrirla, o hacer valer su posición ante los tribunales. Pero optó por lanzarse a la calle con una asesora y un megáfono, buscando un apoyo mediático que disfrazara sus incumplimientos. Probablemente buscando también su propio veredicto de la calle. O una especie de estallido de justicia popular que acobardara a los jueces y evitara la aplicación del derecho.

Todos vimos aquellas concentraciones de vecinos y manifestantes, con pegatinas de Juana está en mi casa, cuando Rivas no aparecía y el juzgado reclamaba su presencia insistentemente para que cumpliera la orden de entrega de los niños.

Políticos tan relevantes como Susana Díaz o Pedro Sánchez hacían causa común con su desobediencia a los tribunales. Votos son votos y allí había un votante detrás de cada pegatina.

Pero al final, como en las funciones de teatro, se acabó la música, se apagaron las candilejas, el público se marchó y los juzgados, españoles e italianos, pusieron las cosas en su sitio.

El derecho en vez del ruido, y la razón en vez de los eslóganes y las pegatinas. El caso Juana Rivas es ya un juguete roto y olvidado de los demagogos.

Finalmente, el procés. Antes del juicio celebrado en el Tribunal Supremo, tanto los acusados como otros políticos y personas de su entorno diseñaron un arsenal de estrategias de victimismo para llamar la atención de las instituciones europeas.

Esos acusados reivindicaron los derechos humanos que supuestamente iban a verse atropellados. O la necesidad de observadores internacionales que tomaran buena nota de los atropellos que, con toda seguridad, se disponía a cometer la oscurantista justicia española.

Sin embargo, se encontraron con un juicio plenamente garantista, retransmitido en directo y conducido de manera impecable por el presidente del Supremo.

En cambio, y según trascendió a los medios de comunicación, políticos de los partidos de los acusados, los supuestos valedores de los derechos humanos, habían pedido al gobierno de Pedro Sánchez un cambio de actitud o un perfil bajo de la Fiscalía durante el juicio a cambio de mantener su apoyo al Gobierno.

Manipulación de la justicia a cambio de apoyos políticos. Win win. Aquello no funcionó y la Fiscalía hizo su trabajo. Pero no puede haber mayor perversión democrática que la propia propuesta.

España es un país asediado por la corrupción. El número y la dimensión de los escándalos aparecidos en los últimos años produce consternación.

Sin embargo, es justo valorar el esfuerzo de los tribunales a la hora de enjuiciar sin contemplaciones a los corruptos, incluyendo a los más poderosos. La justicia española es lenta, pero generalmente inexorable. Al final, los juicios se celebran, las condenas se imponen y las penas de prisión se cumplen.

El cuñado del rey está en prisión. Un exvicepresidente del Gobierno acaba de salir de prisión. Presidentes de comunidades autónomas están o han estado en prisión.

Durante la pasada legislatura, en el llamado caso Gürtel, la Audiencia Nacional impuso condenas muy duras a muchas y muy cualificadas figuras del Partido Popular, que era en ese momento el partido en el Gobierno.

La Audiencia de Sevilla, en el caso de los ERE, condenó a dos expresidentes autonómicos del PSOE, tras una instrucción muy difícil de la juez Mercedes Alaya, sorteando las zancadillas que le llegaban desde la política. Y no sólo por parte del Partido Socialista.

Ciertamente, la corrupción es una lacra, nuestra lacra. Pero los jueces siguen ahí, el sistema reacciona y es capaz de expulsar las impurezas.

Hace unas semanas, el líder de Mas País decía en el Parlamento que los jueces proceden de las clases ricas, porque sólo estas pueden permitirse sufragar los años de oposición de sus hijos para acceder a la judicatura.

No puede haber mayor desconocimiento.

La judicatura se nutre fundamentalmente de las clases medias y es una de las peor pagadas de las grandes oposiciones. No conozco a ningún juez que esté en esto por dinero.

Probablemente, las manifestaciones del diputado son sólo parte de la estrategia general dirigida a erosionar o someter al Poder Judicial, ese oscuro objeto del deseo del Gobierno y de los partidos que le apoyan.

Cómo olvidar aquellos jueces del cambio que pedía Pablo Iglesias, adheridos al proyecto del Gobierno. De su Gobierno.

O el intento sectario, que aún está fresco, de cambiar el sistema de elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y que le ha valido al Gobierno una seria advertencia de Bruselas.

O las presiones del ministro Fernando Grande-Marlaska (a quien tantos juristas hemos admirado cuando formaba parte de la magistratura) al coronel Diego Pérez de los Cobos para que entregase al Gobierno los informes dirigidos a la magistrada que investigaba la posible relación entre las manifestaciones del 8-M y el comienzo de la pandemia.

O la posterior purga del desobediente coronel por parte del ministro.

Pero no es sólo este Gobierno. Todos o casi todos los gobiernos de la democracia han merodeado con apetito en torno al plato de la justicia, intentando influir en sus decisiones. O colocar a los suyos en los puestos claves.

Recuérdese la campaña contra el Tribunal Supremo de 2012 en el caso del exjuez Baltasar Garzón por parte del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

O el acoso al magistrado José Ricardo de Prada, ponente de la sentencia del caso Gürtel, que abrió la puerta a la moción de censura a Mariano Rajoy en 2018.

Ciertamente, la justicia tiene también su lado oscuro. Y, como en todas partes, no faltan lunares, ni miembros de la carrera judicial que no están a la altura del poder que representan. En esto no han de doler prendas.

Quién no recuerda al exjuez Luis Pascual Estevill, condenado por exigir dinero a empresarios y acusados a cambio de su libertad, o bajo la amenaza de acordar su prisión.

O al exjuez Salvador Alba, condenado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias por manipular pruebas en contra de la diputada de Podemos Victoria Rosell para acusarla y perjudicarla políticamente.

Pero estos hechos no empañan la trayectoria general.

En realidad, y al igual que sucede con los actos de corrupción, los procesos y las condenas sufridas por los malos jueces muestran que, cuando llega el momento, sus excesos y delitos son también juzgados por sus colegas. Con normalidad y esquivando cualquier sospecha de corporativismo.

Los españoles tenemos una mala percepción de nuestra justicia, pero los rankings internacionales de los últimos años dicen lo contrario y reflejan una posición ascendente de España. Por delante, por ejemplo, de países como Francia o Estados Unidos.

Al final, en cada conflicto, o frente a cada abuso o exceso de nuestros políticos, siempre encontraremos una ley y un juez independiente dispuesto a aplicarla. Mientras otras instituciones navegan penosamente por la tormenta, el Poder Judicial mantiene en pie la vela mayor del Estado.

*** Diego Cabezuela Sancho es director jurídico de Círculo Legal.