Editorial, EL PAÍS, 20/12/11
El candidato anuncia grandes reformas, pero evita precisar las medidas más duras de su mandato
Fue el propio candidato a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, quien había alimentado las expectativas de que su discurso de investidura desvelaría las principales líneas de acción para la legislatura que comienza. La intervención de ayer aportó una larga lista de tareas (subida del IPC a los 8,7 millones de pensionistas, bajada de impuestos a los empresarios y a los ahorradores, recuperar la deducción fiscal por compra de vivienda, suprimir los puentes festivos), algunas de ellas no menores y no desdeñables, que incluso recabaron un compromiso por parte de los socialistas y de otros grupos.
Pero en conjunto, el discurso de investidura no estuvo a la altura que él mismo se había exigido y, sobre todo, a la altura de la angustiosa situación en la que se encuentra el país, pues en lo fundamental su plan resultó tan impreciso como el programa con el que concurrió a las elecciones. Lo fundamental es precisamente conocer a qué velocidad y cómo se va ejecutar, esto es, cómo se va a repartir, el ajuste que España necesita de forma urgente.
Rajoy centró su discurso en la economía, señalando que la doble prioridad para su Gobierno serán el crecimiento y la creación de empleo. Acertó al no presentar el diagnóstico de la grave situación que vive el país como coartada para justificar las previsibles dificultades a las que se enfrentará el año que viene, pero no presentó un programa de reformas capaz de hacerle frente. La mayor parte de las iniciativas que desgranó en el discurso se posponen al primer trimestre del próximo año, lo que aparentemente desmiente la urgencia que reclamó desde la oposición. Sin embargo, tenía razón cuando estaba en la oposición: la rapidez en la acción resulta fundamental.
Al recorte ya previsto del gasto de 16.500 millones de euros en 2012 (si se cierra el año con un déficit del 6%, lo que no será el caso) hay que sumar los estímulos fiscales al empleo que anunció, con lo que sus planes económicos siguen sin responder a la principal pregunta suscitada durante la campaña: ¿de qué partidas concretas piensa recortar para obtener esa cifra que parece superar las posibilidades reales de la economía española? Asegurar que, excepto las pensiones, el resto de los capítulos serán sometidos a revisión solo sirve para evitar pronunciarse sobre cuáles en concreto.
Recuperar la deducción fiscal para la adquisición de vivienda pone de manifiesto que el equipo de Rajoy sigue considerando aceptable el modelo de crecimiento basado en el ladrillo, del que proceden la mayor parte de los problemas a los que se enfrenta hoy la economía española.
Rajoy no dio detalles sobre la estructura del nuevo Gobierno, del que solo se sabe que contará con un Ministerio de Agricultura pensado para defender los intereses de España en Bruselas, en línea con una concepción estrecha de la construcción europea. El sesgo renacionalizador de su discurso respecto a la Unión también quedó patente en la descripción de las líneas generales de la política exterior. Rajoy fue impreciso y para ello recurrió a líneas estables de la acción exterior como la prioridad de Iberoamérica, la diplomacia económica o la utilización de la lengua como instrumento de acción.
En conjunto, el candidato intentó mantener el mismo propósito de los últimos tiempos de oposición y de la campaña electoral: no enajenarse ningún sector de la ciudadanía por la vía de no pronunciarse sobre las medidas que piensa adoptar en el Gobierno. Es una apuesta arriesgada para el Partido Popular, puesto que, tarde o temprano, tendrá que comenzar a gobernar. Pero podría serlo también para el conjunto del país si la indefinición acabara por traducirse en inacción.
Editorial, EL PAÍS, 20/12/11