ABC 29/10/13
JUAN CARLOS GIRAUTA
· Desde Aznar, regía en el PP el principio de que las víctimas siempre tienen razón
Es comprensible el malestar de los dirigentes del Partido Popular al verse increpados en la manifestación del domingo. Sus siglas han servido de diana a los terroristas desde que existen. Por militar bajo ellas, por concurrir en sus listas, han muerto hombres buenos y valientes. ¿Cómo no comprender que consideren injustas las acusaciones?
Y sin embargo, el malestar de un partido no puede, no merece, no debe figurar junto al dolor de las víctimas concretas, junto a la carne y el hueso. Porque una ola gigantesca de dolor –en carne y hueso– ha inundado la calle, y ahoga a España. Consuelo Ordóñez encarna un dolor cierto, rotundo e ineludible; el tenor de su pancarta («Gobiernos PP-PSOE, responsables impunidad ETA») no puede ignorarlo la cúpula del Partido Popular. Nadie tiene derecho a hacer ver que no existe esa acusación, lo cual es muy diferente (¿hay que explicar lo obvio?) a suscribir su contenido.
Desde Aznar, regía en el PP el principio de que las víctimas siempre tienen razón. Es algo apodíctico. A continuación, quien gobierna tiene la responsabilidad última de diseñar y de tomar las decisiones ejecutivas de la política antiterrorista. No recuerdo que, hasta ayer, nadie en la cúpula del PP se hubiera apartado de este patrón. Cospedal lo hizo al esbozar la caricatura de los manifestantes críticos con el gobierno, relacionándolos con la extrema derecha, o con la bandera «preconstitucional». Es un error que una persona con sus capacidades entenderá que debe enmendar.
Por otra parte, se olvida a menudo, por culpa de la política negociadora de Zapatero, que el PSOE también ha pagado con su sangre, que socialistas buenos y valientes también murieron por representar sus siglas. Como murieron militares, policías, guardias civiles, empresarios, transeúntes, niños. Esos niños… Y se olvida otra cosa menos importante, pero políticamente relevante: si el PSOE es hoy un partido en descomposición y se está desgastando en mayor medida que el partido en el gobierno es, también, por el modo en que maltrató a las organizaciones de víctimas; por cómo quiso descabezar a la AVT, por cómo intentó asfixiarla financieramente, por cómo trabajó para neutralizar su autoridad moral con la figura de aquel Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo que acusaba de «sectario» al entonces presidente de la asociación mayoritaria. En esos tiempos, Ignacio Cosidó acusaba al Alto Comisionado de provocar división entre las víctimas. Sería terrible que su partido incurriera en la misma práctica dibujando inexistentes líneas divisorias en la multitud que se concentró en Colón.
El PP no puede coincidir con la visión del antiguo muñidor de la opinión pública «progresista»: Iñaki Gabilondo, que cree obligado «apartar a las víctimas de la justicia democrática» (restricción que, por cierto, no veía necesario imponer a las víctimas del franquismo). Especialmente cuando el proyecto de ley sobre el Estatuto de las Víctimas va en el sentido contrario.