He leído con atención los diversos vistazos que se han realizado en la prensa a este pasado 2025. Hasta en los garitos más sanchistas se ha apreciado el pesimismo al que invitan todos los datos, con la sola excepción del aumento del PIB, que aún así es solo buena noticia si se aísla el 2,8 por ciento y no se contempla que ese crecimiento no ha llegado al bolsillo de los ciudadanos, que cada vez lo pasan peor. El ejercicio que realizamos estos primeros días del año 26 consiste en prever honradamente todo lo malo que no espera: será un año aún peor ya que la situación económica esta abocada a un saco de desperfectos. El problema de la vivienda no podrá ser solventado si no es tras muchos años de distintas políticas a las actuales; la emigración no va a ser atajada con soluciones inteligentes; la deuda seguirá agigantándose salvajemente –este pasado año un 4 por ciento más, es decir 70.000 millones de incremento sin que nadie en el Gobierno se despeine, a pesar de haber incrementado brutalmente la recaudación–; el campo y la pesca sufrirán las consecuencias de las estúpidas normativas de Bruselas; el agujero de la Seguridad Social se hará más grande y las brechas territoriales crearán ciudadanos de diferentes categorías en función de dónde vivan. Por no hablar de las cesiones a los diferentes independentismos que sangran al país, los cuales contemplan altas expectativas gracias a la debilidad de Sánchez y su deseo a ultranza por permanecer en Moncloa.

¿Y cómo un Gobierno acosado por episodios de corrupción –que no han hecho sino empezar a revelarse– puede seguir como si tal cosa y no ser disuelto ante la evidencia de su inoperatividad y del descrédito electoral de quien lo preside, al que le esperan tres tropiezos previsibles en las próximas convocatorias autonómicas? Pues por la sencilla razón de que el tal Sánchez no tiene lugar seguro adónde ir. No se puede permitir elecciones, que en cualquier caso algún día llegarán, ya que eso supondría su desalojo y, por lo tanto, convertirse en un ciudadano cualquiera, cosa que ahora no es. Un presidente no puede ser detenido a menos que sea sorprendido con la pistola humeante; está aforado y consecuentemente solo puede ser investigado por una Sala del Supremo; el Congreso puede negarse al suplicatorio para juzgarle –y hacer que la causa sea sobreseída–; y resultar directamente absuelto. Y, por si fuera poco, tiene el poder suficiente para indultar a cualquier familiar o conmilitón que sea condenado. Añadan a ello el control de la Fiscalía para convertirla en un abogado defensor más de elementos como el fiscal general o cualquier otro y un control no menos importante: el policial. Ello le permite no evitar pero sí estorbar todas las investigaciones posibles. ¿Cómo creen ustedes que se va a ir?

Este año estrenado se convertirá en un nuevo paso hacia el emputecimiento político definitivo. Siento no traer mejores previsiones. Hombre, si Trump echa a Maduro… pero no sé qué decirle.