EL CORREO 17/09/13
FLORENCIO DOMÍNGUEZ
Siete años ha tardado la Justicia en terminar la instrucción del sumario abierto por el ‘chivatazo’ del bar Faisán y comenzar la celebración del juicio. Siete años para tramitar estas diligencias es un periodo injustificadamente largo, que dice poco en favor de una Administración de Justicia en la que resulta proverbial la lentitud y el retraso. Tanta demora en la resolución de asuntos acaba perjudicando a la propia Justicia. Si esto ocurre con un sumario de escasa complejidad, ¿qué pasará con otros casos como los referidos a la ‘trama Gürtel’ o el ‘caso Bárcenas’ en los que hay que investigar movimientos de dinero opaco por medio mundo?
No hay una justificación razonable para tener que esperar siete años para celebrar la vista de un caso como el del Faisán. Si los acusados son absueltos habrán vivido años padeciendo la ‘pena de telediario’ y puestos en la picota y si hubiesen sido declarados culpables a estas alturas podrían tener cumplida la pena o, al menos, buena parte de ella.
Además, siete años después, tampoco han sido juzgados los presuntos implicados en la trama de extorsión de ETA objeto de la investigación en la que se produjo el ‘chivatazo’. Los dos policías son acusados de colaboración con ETA antes de que sean juzgados los supuestos etarras y de que se determinen judicialmente los delitos cometidos por la red de extorsión.
El ‘chivatazo’ del ‘caso Faisán’ ha sido siempre presentado como una actuación destinada a evitar una operación contra ETA decidida por los jueces en un momento que resultaba políticamente inoportuno para el Gobierno de la época por estar en pleno proceso de negociación con la banda. Con el ‘chivatazo’ se habría pretendido evitar unas detenciones que iban a interferir en las conversaciones. De hecho, el asunto generó tensiones en los encuentros celebrados en Suiza entre los enviados del Gobierno y ETA los días 22 y 23 de junio de 2006.
Sin embargo, cuando se lee detenidamente el escrito de calificación del fiscal se observa que el asunto de la negociación con ETA no aparece como móvil del ‘chivatazo’. La Fiscalía considera que lo que motivó la decisión de sabotear las detenciones fue el deseo de evitar el arresto del dirigente del PNV Gorka Agirre, miembro del EBB, que había celebrado encuentros con los principales implicados en la trama de extorsión. La captura de un destacado dirigente del PNV en una operación contra ETA hubiera creado no pocos problemas al Gobierno, que tenía una excelente relación con el partido liderado entonces por Josu Jon Imaz. Evitar el arresto de Gorka Agirre, que luego tuvo que declarar como imputado, fue lo que, según la Fiscalía, provocó el ‘chivatazo’.
La sentencia que se dicte establecerá la verdad judicial de lo ocurrido, aunque llegará tarde.