Pensaba en ello a raíz de los altercados de Torre Pacheco y de cómo algunos medios han responsabilizado de lo ocurrido a sectores de la extrema derecha por instigar una peligrosa «caza al inmigrante» provocando un grave problema de orden público. Narrativa acogida con entusiasmo desde algunas formaciones políticas del espectro ideológico opuesto, que se han apresurado a acuñar el término «terrorismo racista» para sugerir la posibilidad de ilegalizar a esos grupos de ideología nazi y, ya de paso, a partidos como Vox, haciéndolo responsable moral de lo ocurrido, por alentar el odio y la xenofobia. Lo que plantearía una deriva que merece ser analizada con cierta cautela democrática, considerando que, por controvertidos que resulten sus postulados, hablamos de la tercera fuerza más votada y de una opción política en clara progresión ascendente.

Sea por mérito propio o demérito ajeno, Vox representa a una parte significativa del electorado español que encuentra en su discurso respuestas -legítimas o no- a problemas que percibe como reales (inseguridad, inmigración descontrolada, pérdida de identidad y de unidad nacional), cuya solución no pasa por negar su existencia, sino por abordarlos desde la política con honestidad y eficacia.

Quienes no compartimos su ideario, podemos -y debemos- criticar sus propuestas cuando nos parezcan erróneas o perjudiciales, pero, por tentador que resulte, silenciar su voz no solo no resolvería las causas que explican su progresión al alza, sino que podría ser interpretado como una amenaza a la pluralidad ideológica y un intento de alterar el tablero de juego en próximas citas electorales. Lo que radicalizaría aún más a sus simpatizantes, alimentando su desconfianza hacia las instituciones. El resultado no sería menos ultraderecha, sino más polarización y desafección política.

El ejemplo alemán es ilustrativo. En los últimos años, Alternativa para Alemania (AfD) ha sido objeto de estrecha vigilancia por parte de los servicios de inteligencia por presuntas conexiones con movimientos neonazis. Sin embargo, pese a las presiones políticas, su Tribunal Constitucional ha sido reticente a ilegalizarla, consciente de que semejante medida debe ser el último recurso en democracia.

El Estado tiene obligación de actuar cuando se vulneran derechos humanos fundamentales, como contempla el Código Penal. Pero la ley se basa en delitos objetivos, no en juicios ideológicos. Si Vox crece, la respuesta ha de ser política. La democracia se fortalece con más democracia, no con menos. Si realmente aspiramos a una sociedad plural, justa y libre, debemos rechazar los atajos autoritarios, vengan de donde vengan, incluso los que se promueven en nombre del antifascismo, y reafirmar nuestra fe en la voluntad y buen criterio de los ciudadanos.