El Correo 14/12/12
ROGELIO ALONSO
La negativa de Bildu a condenar el terrorismo de ETA tiene importantes consecuencias políticas y sociales que deberían condicionar la actitud de los partidos democráticos hacia dicha formación. Tanto PP como UPyD han presentado iniciativas en las que exigen una condena del terrorismo que no parece previsible que se produzca. En ausencia de ese mínimo democrático sería lógico que estos y otros partidos obraran en consecuencia, traduciendo en hechos concretos y sanciones ese nivel de exigencia que motiva las iniciativas anunciadas. Aunque se insista en que los representantes de ETA son hoy legales, es evidente que siguen sin cumplir requisitos políticos y éticos básicos en un sistema democrático. Por ello, si los demócratas actúan ignorando tan fundamental premisa contribuirán a que los radicales continúen beneficiándose de una impunidad que fortalece a estos mientras debilita a aquellos.
Conviene recordar que la legalidad con la que el Tribunal Constitucional (TC) ha investido a Bildu se logró a pesar de la ausencia de una condena del terrorismo como la que hoy se le sigue exigiendo. El voto discrepante del magistrado Manuel Aragón puso de manifiesto que la doctrina jurisprudencial ignorada por el TC exigía «una condena inequívoca de lo que ETA ha representado», condena que no aparecía en las declaraciones de rechazo genérico de la violencia que el tribunal valoró tan positiva como injustamente. En su sentencia 5/2004 el TC ya había establecido que «No condenar, cuando todos los demás (incluidas otras fuerzas políticas nacionalistas vascas de orientación soberanista o separatista) condenan, es una conducta claramente significativa, una omisión concluyente. Con ella quiere significarse que nada hay que condenar, que lo que los demás condenan no es en realidad condenable o que, al menos, puede estar moralmente justificado». Esa negativa era interpretada por el tribunal como «una actitud de apoyo político tácito al terrorismo o de legitimación de las acciones terroristas para la consecuencia de fines políticos». El mismo tribunal exigía en su sentencia 99/2004 «una declaración inequívoca de distanciamiento, rechazo y condena de cuanto representan una organización criminal y sus instrumentos políticos» que, sin embargo, Bildu sigue eludiendo. Así lo ratificó el Tribunal Supremo en mayo de 2011 asegurando que «utiliza ante el terrorismo la misma prosa elíptica y perifrástica de Sortu y, en general, de la izquierda abertzale, eludiendo tajantemente cualquier condena de ETA, y acudiendo a elipsis y frases hechas ante los fenómenos terroristas realmente producidos».
También el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en su sentencia de 30 de junio de 2009, ofrece argumentos a aquellos políticos que deseen desafiar esa extendida creencia de que la legalidad de Bildu impide privarle de determinados beneficios: «No es tolerable, pues, desde la perspectiva constitucional, la existencia de unos partidos políticos que no se posicionen conceptualmente de manera clara e inequívoca en contra de la actividad terrorista, o que, con ambigüedad calculada, intenten disimular de manera sistemática su falta de rechazo hacia esos hechos criminales lamentando formalmente sus consecuencias, pero sin incluir un solo término de reproche hacia la bárbara actitud de quienes las provocan utilizando la violencia como método para la consecución de sus objetivos».
A la luz de lo señalado, es razonable exigir a los actores democráticos coherencia en su actitud hacia Bildu mientras siga incurriendo en la legitimación del terrorismo que la ausencia de una inequívoca condena de ETA implica. El blanqueo de los representantes de ETA que algunos partidos denuncian debe ser combatido con actos que penalicen de verdad el comportamiento de Bildu y no solo con palabras. De lo contrario quienes han apoyado el terrorismo se verán reforzados. Así ocurriría, por ejemplo, si Bildu participara en una Ponencia por la Paz y la Convivencia sobre la que Antón Damborenea, portavoz del PP, señaló lo siguiente en la sesión plenaria en la que se debatió su constitución el pasado 30 de marzo: «Cuando planteamos que para aportar algo en una ponencia sobre convivencia es necesario, imprescindible, que el que quiera participar o aportar algo condene expresamente a quienes han impedido vivir y convivir en este país, no estamos hablando de ningún criterio legal, hablamos de un mínimo ético que debe ser exigido a cualquier persona». En su opinión era evidente que la ponencia no podía ser «altavoz de quienes hoy legitiman el terrorismo de ETA», de ahí que concluyera: «Por lo tanto, nosotros estamos dispuestos a que sea una ponencia abierta. Abierta a todos aquellos que condenan expresamente el terrorismo de ETA».
En consecuencia, resulta lógico esperar que quienes continúan recurriendo a subterfugios para aparentar distancia con la violencia con el fin de soslayar una condena clara de la actividad terrorista de ETA dejen de ser tratados como los demócratas que evidentemente no son. De lo contrario, es razonable anticipar que las contradicciones de los demócratas les generen más costes políticos y sociales como los que ya evidenciaron los resultados electorales. Si las exigencias que en el discurso público se le plantean a Bildu no se mantienen mediante la aplicación de los instrumentos de los que el Estado de derecho dispone, la firmeza verbal carece de credibilidad y efectividad. En ese caso esa formación continuará ganando terreno en la decisiva batalla por la legitimación del terrorismo, obteniendo éxitos en una estrategia en la que el engaño se ve recompensado, como un diputado de Amaiur reconocía: «Hay quien dice que nuestros pasos son insuficientes, pero a base de muchos insuficientes nos acercamos a la suficiencia».
La ejemplaridad que se reclama de las élites políticas en el desempeño de sus funciones es imprescindible para que la convivencia en la sociedad vasca sea verdaderamente democrática y no una mera coexistencia basada en una peligrosa impunidad.