JAVIER ZARZALEJOS, EL CORREO – 27/07/14
· Nada hay más contrario a la democracia que un Gobierno libre de ‘condicionamientos’.
El portavoz de la Generalidad de Cataluña, el señor Homs, debía estar de broma cuando hace unos días, ante la próxima visita de Artur Mas a la Moncloa, pedía que la entrevista con el presidente del Gobierno se realizase «sin condicionantes». De broma debía estar porque hace falta un trabajado humor del absurdo o una pasmosa rigidez facial para pedir que no haya ‘condicionantes’ en una reunión a la que Artur Mas acude con la decisión tomada de celebrar un referéndum ilegal y las preguntas hechas, con una ley de consultas aprobada por el Parlamento catalán a falta de un último trámite, bajo el ojo vigilante de ERC como depositario de las esencias independentistas y en la cartera una ristra de informes sobre la eventual independencia de Cataluña a cargo del denominado ‘Consejo asesor para la transición nacional’ que van desde la especulación más arbitraria al delirio pasando por la fabulación.
Esto de los diálogos sin condiciones –ni ‘condicionantes’, al decir de Homs– forma parte del arsenal dialéctico de los nacionalistas cuando buscan saltarse la ley, mejor si esa ley es la Constitución y siempre que esa libertad de actuación que piden lo sea únicamente para que sus interlocutores no se sientan sometidos a ninguna restricción a la hora de satisfacer las exigencias que les plantean. El presidente Rajoy ha apuntado reiteradamente a la Constitución y a la soberanía que deben ejercer todos los ciudadanos españoles como sujeto político, para rechazar las pretensiones nacionalistas catalanas. Y esta clara apelación por parte del presidente del Gobierno a las diversas instancias de decisión que articulan un sistema democrático es tranquilizadora. Nada hay mas contrario a la democracia y a lo que entendemos como Estado de Derecho que un Gobierno que –como reclaman los nacionalistas– se sienta libre de condicionamientos.
Tener que volver a estas alturas sobre la polémica en torno a si el gobernante está ‘legibus solutus’, exento de cumplir las leyes, es un síntoma de la rigurosa premodernidad del universo conceptual y simbólico del nacionalismo identitario y de la degradación de su discurso hacia el simple decisionismo político y jurídico desde el que el independentismo quiere justificar un pretendido derecho a romper la legalidad democrática en nombre de la voluntad del pueblo. Rajoy no se cree ‘legibus solutus’. No sólo acepta sino que hace suyos, como gobernante democrático, los límites a los que se debe atener su gestión al frente del Gobierno que es un poder constituido y no un actor constituyente. La democracia es habilitación y es límite para los poderes que constituye tanto como para los ciudadanos que ejercen sus derechos, y si no se entiende esto, estamos abocados, en el mejor de los casos, a un estado de anomia más o menos llevadero pero precursor de males mayores.
Si el señor Homs hubiera querido ser respetuoso con la realidad, debería haber dirigido su petición de hablar sin condicionantes a su propio presidente. Para un diálogo sin condicionantes, Artur Mas tendría que acudir a Moncloa con una mayoría que no tiene, debería retirar su decisión de convocar una consulta ilegal y no simplemente ofrecerla como pieza de negociación. Si no quieren condicionantes, tendría que librarse de la fiscalización que Esquerra Republicana ejerce con notorio goce como verdadero poder con decisión sobre la continuidad del Gobierno catalán. Para hablar con provecho con el presidente del Gobierno, Mas tendría que haber dicho la verdad a los catalanes sobre las consecuencias de su planes, entre ellas la salida de la Unión Europea y el abandono del euro, cuidadosamente escamoteados en la propaganda independentista como si se tratara de contratiempos pasajeros que, de llegar a producirse, se solventarían rápidamente.
Este latiguillo del diálogo sin condiciones manifiesta las pretensiones de bilateralidad que busca el soberanismo en la relación con el Gobierno y con los demás poderes constitucionales. Y en eso también vuelve a equivocarse. Casi cuatro décadas después de aprobada la Constitución, la transformación del Estado hacia el modelo de descentralización política más intensa que puede encontrarse, ha consolidado una realidad autonómica que ningún Gobierno, sea del signo que sea, puede pasar por alto. Las balanzas fiscales que se acaban de publicar por el Ministerio de Hacienda son un retrato estadístico ilustrativo de la densidad y la complejidad alcanzadas por el sistema autonómico, de la presencia central y dominante de la cuestión de la solidaridad, de la evolución de la autonomías hacia un gran mecanismo de redistribución. Por eso, la gran falsedad del ‘España nos roba’ ha podido resultar una eficaz mentira propagandística pero ha provocado una respuesta, con números por delante, de la que el victimismo nacionalista no sale bien parado. Pensar que se puede pretender una relación bilateral ventajosa considerando al resto como mero paisaje políticamente inerte es un grave error de apreciación que, sin embargo, el nacionalismo catalán sigue dispuesto a cometer.
De modo que ‘condicionantes’, muchos. Afortunadamente, unos, derivados del carácter democrático de las instituciones, empezando por el Gobierno, y de lo que significa el Estado de derecho, la legalidad legitimadora del poder, los derechos de ciudadanía de los que todos somos titulares y que estamos llamados a ejercer, si ese fuera el caso, como el único sujeto político soberano. Otros, son los condicionantes que arrastra Artur Mas –ignoro si hoy a su pesar–, y que le convierten en un dirigente que condena a Cataluña al fracaso cívico y a la amarga melancolía de las pasiones inútiles.