- Cuando Campo dijo que era preciso abordar un debate constituyente sabía perfectamente lo que eso significaba: que la democracia del 78 ya no existía en la práctica, y que habría que dotarse de otra Constitución… sin pasar por la reforma constitucional
Si en España existiera opinión pública, no habría discusiones sobre los ‘guassap’ filtrados por uno de los interlocutores. La primera y más sencilla razón es que Sánchez no gobernaría en un sistema de opinión pública, es decir, en una democracia moderna. Solo en un sistema podrido de arriba abajo, solo en una momia de los viejos tiempos de la Transición, solo en el cadáver de una democracia que apenas conserva el traje con que la enterraron en marzo de 2004 puede un Sánchez gobernar sin mayor problema. El fallo multiorgánico se llevó lo más parecido que jamás hemos tenido a un Estado democrático de derecho. Democrático dejó de serlo cuando los tres poderes pasaron a ser uno de facto; cuando se pudo acabar con la salud o con la carrera de cualquier juez que osara tratar a un dirigente socialista como a cualquier otro justiciable; cuando vicepresidentes, ministros y portavoces parlamentarios arrancaron a largar sobre los jueces en términos tales que lo menos grave eran las indefectibles acusaciones de prevaricación, explícitas o implícitas.
En ese ambiente tiene que trabajar el juez que confunda a un familiar de Sánchez, o a un magnate mangante socialista —como los de la trama andaluza—, con ciudadanos sometidos a la ley y a las resoluciones judiciales. Estando así las cosas, es de risa pensar que aquello que no rige para Begoña, ni para el hermanísimo, ni para los condenados ladrones de los ERE, sí va a regir para «los poderes públicos». Los poderes públicos, y los grandes poderes privados, solo están sometidos a Sánchez, el autócrata. No necesitan reformar la Constitución. La derogaron cuando un ministro de Justicia de Sánchez admitió que estábamos en un proceso constituyente. Un sanchista fino, ojo, bien jurista, hoy magistrado del TC. Un señor que cuando afirma lo que afirmó («hay que abordar entre todos la salida a una crisis y un debate constituyente») no hay que interpretarlo como a una Palomera, como a una Intxahurraco, como a la gritona morena cuyo nombre no quiero saber ni como al extraño espécimen Bob Pop. No.
Cuando Campo dijo que era preciso abordar un debate constituyente sabía perfectamente lo que eso significaba: que la democracia del 78 ya no existía en la práctica, y que habría que dotarse de otra Constitución… sin pasar por la reforma constitucional. Ergo un golpe de Estado había triunfado. Alguien o algo, que Campo no concretó, había acabado con el Estado democrático de derecho en España, y él, hombre de Derecho, quería levantar otro. Si hubiera tenido la Carta Magna del 78 por vigente, habría hablado de reforma constitucional, no de debate constituyente. No señaló al responsable porque el responsable era su jefe, su superior jerárquico, y sería complicado abordar este asunto rectamente («dimito, y este tío es un golpista») cuando su pareja era la tercera autoridad del Estado, y él el ministro de Justicia, con la ilusión que la chorrada le debe hacer al que ha nacido con el Código Civil bajo el brazo.