Empiezan a resultar insoportables las reacciones tan acaloradas como estériles sobre “la deriva de la democracia en España” por parte de los que han permitido la situación actual y los que respaldan las cadenas que nos mantienen como una democracia ficticia y un Estado fallido antinacional. En España no hay una democracia, no la había antes, pero desde luego no la hay después de la amnistía a los golpistas que estuvieron a punto de llevarnos a un conflicto civil. Tras estas leyes de amnistía ya olvidadas, ya normalizadas, nadie consciente con mínimas nociones jurídicas y políticas puede decir que en España hay democracia. (Y a Europa no le importa, le conviene).

En aquel momento ya se crearon espacios de impunidad que ahora son replicados por la “Ley Begoña”, que pretende acabar con la acción popular en las causas judiciales en beneficio en esta ocasión de otro de los integrantes de esta cleptocracia, el Presidente del Gobierno Pedro Sánchez y su mujer.

La supresión de la acción popular en causas judiciales es una clara vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, especialmente en sistemas donde la Fiscalía está controlada por el Ejecutivo. En caso de que no actuase ésta, el pueblo tenía esa pequeña llave, el último rincón donde podía intentar controlar la corrupción del poder.

El argumento de parar los pies a la “extrema derecha” para que no instrumentalice la justicia es aberrante y tiránico de por sí. Asumamos por un momento esta ficción lunática de conspiración ultraderechista. Es inaceptable intentar limitar el acceso a la justicia a un grupo de personas por su ideología negándoles un derecho fundamental como el acceso a la justicia. Y como segunda reflexión, si el peligro tan temible de la extrema derecha es que acuda a cauces judiciales donde se aplican las leyes del gobierno, no parece peligrosa salvo para los delincuentes. La imaginaria “extrema derecha” parece lo decente en este sistema de corrupción y expolio antiespañol en el que vivimos de forma irreversible desde el 2017.

Para que nadie les engañe sobre la realidad política referida a su libertad y patrimonio es necesario resumir en tres puntos cómo funciona la democracia del ´78, que nada tiene que ver con la democracia de Alexis de Tocqueville.

1. Se aprueba en Cortes cualquier norma que socave los intereses de la nación o se aprueba una norma que vulnere derechos fundamentales de los españoles en contra de la Constitución, esto no es problema. Esto sucede gracias a un Poder Legislativo fusionado con el Poder Ejecutivo sin que haya separación de poderes, y por tanto sin control ni barreras a actos de tiranía y corrupción como la eliminación de la acción popular. En el peor de los casos como el actual, si no hay fusión plena del Legislativo es porque éste además es controlado por sobredimensionados partidos secesionistas enemigos del bien común de España, que se unen al banquete del expolio con impunidad.
2. Estas injusticias en forma de ley se aplican y defienden en nombre de la democracia.
3. En el caso de pretender la anulación de estas leyes y acudir al Tribunal político Constitucional elegido por el Ejecutivo y secesionistas, aquel respalda la decisión que interesa al Gobierno contraria a la Constitución y a la nación y pasa a ser constitucional, o a dormir en un cajón mientras se aplica, según la necesidad. Si el TC no llegase a respaldarlo tampoco sucede nada. Dependerá una vez más de la voluntad política del Ejecutivo todopoderoso al servicio de un partido político controlado por un líder o una banda familiar, en la actualidad la famiglia de Pedro Sánchez.

El PSOE acostumbra a proponer a las Cortes los proyectos de ley del Gobierno cuando estos vulneran normas y derechos fundamentales para eludir los informes preceptivos de otros Órganos sin poder real en el sistema en caso de que los presentase éste a las Cámaras. El Poder Legislativo ya nace viciado por su composición partitocrática que responde a los intereses e incentivos de partido y no de nación. Legalidad al servicio del PSOE, no de los españoles. El Legislativo queda como un teatro no democrático para revestir de legitimidad las arbitrariedades y la corrupción del Gobierno en forma de leyes.

España está en manos de los intereses de una casta que desprecia a España y sólo quiere expoliarla. Llegados a este punto cabe exigir que dejen de mentirnos con melifluos aspavientos sobre “el deterioro de la democracia”, es como ver a es como ver a un concejal de ecodiversidad de Los Ángeles mirando el incendio sin pretender apagarlo.

Es urgente un plan de Gobierno de salvación nacional que requiere la firme voluntad de transformar España y evitar que los españoles estén a merced de intereses de traidores. La salvación de la nación y de los españoles no pasa por un proyecto político continuista como el de Núñez Feijoo. No se puede vivir más tiempo en una casa destruida con una casta que expolia y divide la nación, que nos mienten al señalarse como demócratas.