ANÁLISIS TONIA ETXARRI-El Correo
Una movilización que contrasta con el bajo porcentaje de independentistas en los sondeos
La reclamación del ‘derecho a decidir’ se ha instalado entre nosotros. Ya figuraba en el acervo de los partidos nacionalistas que ahora quieren dar una vuelta de tuerca en la reforma del Estatuto que se está debatiendo en el Parlamento vasco. Pero ayer se hizo más visible a través de la cadena humana de Gure Esku Dago. Porque esta vez el PNV se ha implicado tanto que además de sus burukides más significados, su presidente y los tres líderes territoriales, participaron los tres diputados generales, los alcaldes de las tres capitales y la propia presidenta del Parlamento (de todos). Esta vez Andoni Ortuzar ya no se escudó en la fórmula del disimulo, el recurrente «a título personal» en el que se ha refugiado cuando los vientos no eran tan favorables y su partido en Gipuzkoa pactaba textos con EH Bildu a favor de las consultas populares y luego él marcaba distancia oficial con los referéndums.
Estamos en otro tiempo de incierto horizonte político. Los nacionalistas quieren aprovechar el nuevo Gobierno de Sánchez. El vuelco que ha dado la situación en este país en cuestión de días está dando un respiro a los independentistas catalanes que, aunque acogen los primeros guiños de Pedro Sánchez con cierto escepticismo, se sienten menos presionados para seguir haciendo su campaña contra la otra mitad de la sociedad.
En esta ‘nueva situación’ se desarrolló ayer la ‘cadena humana’ de la plataforma vasca que, desde su creación en 2013, ha venido emulando las movilizaciones soberanistas catalanas. Si en junio de 2014 lograron sacar a la calle a 150.000 personas, ayer fueron 25.000 más, según los organizadores. Otras muchas se quedaron en casa, claro.
Más de dos millones. Que es lo que suelen reflejar los sondeos de opinión. El apego al independentismo cotiza a la baja. Porque el último Sociómetro del Gobierno vasco situaba a los ciudadanos que se sienten «sólo vascos» en un 19% de la población. Y los partidarios de la independencia en un 21%.
Pero la novedad está en los discursos oficiales. En que el Athletic también se suma a la corriente. El club, que durante los ‘años de plomo’ no guardaba minutos de silencio en el estadio por las víctimas de ETA, ayer aprovechó el ambiente para comunicar, a través de Twitter, que está a favor del derecho a decidir. Como el Barça. Y el cambio también reside en el PNV. Que a pesar de la preocupación del lehendakari Urkullu por que el nuevo Estatuto quede por debajo del ranking de calidad democrática si no supera el consenso logrado con la Carta de Gernika, quiere escenificar su competición electoral con la izquierda abertzale no sólo en el Parlamento sino también en la calle. Aunque se confundan los espacios, aunque acaben por ser engullidos por los más radicales, como ha ocurrido en Cataluña. ¿O es que Quim Torra se ha convertido al pragmatismo?
Lo veremos estos días. En la discusión sobre el nuevo estatuto vasco, el PNV mantiene su inquietante distinción entre ‘ciudadanía vasca’ y ‘ nación vasca’. Y el denominado derecho a decidir que, aunque la ministra Meritxell Batet votó por este eufemismo en el Congreso de los Diputados, mantiene en guardia a los socialistas vascos de Idoia Mendia. No son partidarios de ese texto. Ni el PP ni Podemos. Pero Urkullu confía en reforzar la «bilateralidad» con Pedro Sánchez para pactar un referéndum. ¿Pasaría el filtro del Congreso un texto soberanista?
No lo parece con las actuales mayorías. El nuevo Gobierno tiene mucha prisa porque tiene poco tiempo hasta que acabe esta legislatura. La ministra de Política Territorial ha clamado por una reforma urgente de la Constitución. ¿Y viable? Hace falta un consenso que se lo tendría que proporcionar el PP y Ciudadanos. Los padres de la Carta Magna que desfilaron por la comisión parlamentaria –Roca Junyent, Herrero de Miñón y Pérez Llorca– dijeron que veían margen para hacer cambios sin tener que reformarla. Conscientes de que el reto que tienen ahora los nuevos legisladores es el de igualar el porcentaje del 88,5% de votos que obtuvo la Constitución en 1978.
Pedro Sánchez no podrá hacer todo lo que su Gobierno anuncia. Los sondeos le señalan un ascenso meteórico en las próximas elecciones, cuando las haya. Pero hoy tiene 84 escaños y algunos de los que le apoyaron en la moción de censura, esperando compensaciones. Llama la atención el silencio de Josep Borrell en contraste con la sobreexposición de Meritxell Batet. Cabe esperar que el nuevo presidente no lo vaya a utilizar de coartada.