HACE YA casi seis años desde que ETA anunció el cese definitivo de la violencia tras la asunción de su derrota y del triunfo del Estado de Derecho. Comenzaba así el final de una pesadilla de más de cuatro décadas de terror. Desde entonces, es cierto que los etarras no han perpetrado ningún asesinato. Pero también lo es que la banda aún no se ha disuelto, como si pretendiera seguir tutelando de algún modo la nueva etapa en el País Vasco. Y lo que igualmente se mantiene en muchos rincones de Euskadi y de Navarra es un clima de radicalización social y de apoyo a la violencia consentido, cuando no directamente fomentado, por partidos y colectivos de la izquierda abertzale. Es el mal llamado terrorismo de baja intensidad, que hace insoportable la vida de mucha gente por no comulgar con los postulados independentistas. Ese clima asfixiante sigue siendo uno de los grandes agujeros negros de nuestra democracia, y algunos lo consideran como un coto de impunidad.
Por ello es tan importante la acción decidida de la Justicia. Y resoluciones como la de ayer del Supremo son fundamentales para combatir esa pretendida impunidad. El Alto Tribunal zanjó el conflicto de competencia entre un juzgado de Pamplona y la Audiencia Nacional, resolviendo que es ésta la que debe investigar la brutal agresión sufrida por dos guardias civiles y sus parejas el pasado octubre en la localidad navarra de Alsasua, al apreciar indicios de posible delito de terrorismo. Recordemos que un grupo de individuos golpeó con dureza a la salida de un bar a un teniente y a un sargento, de paisanos, además de a sus novias, al identificarles como miembros de la Guardia Civil. Y como subrayó la juez instructora lo hicieron exclusivamente por ser integrantes de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado. De hecho, varios de los agresores son cabecillas del movimiento Ospa Mugimendua en Alsasua, una plataforma que dinamiza las acciones del colectivo Alde Hemendik –¡Fuera de aquí!–, promovido por las ilegalizadas Gestoras Pro Amnistía y apoyado por partidos abertzales como Bildu. Desde hace mucho tiempo, este grupúsculo radical, con la anuencia de la corporación municipal, se dedica a convocar actos de protesta y manifestaciones, a hacer pintadas o carteles, e incluso como en el caso que nos ocupa a cometer directamente agresiones, con la finalidad de intimidar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional, a las que pretenden expulsar del País Vasco y Navarra, uno de los anhelos de la izquierda abertzale desde la Transición.
La gravedad de las lesiones sufridas por los dos guardias civiles –uno requirió intervención quirúrgica– y el hecho de que el ataque formara parte de una campaña más amplia que busca provocar el estado de terror en una parte de la población, llevan al Supremo a considerar, en una valoración provisional, que el episodio encaja en el artículo 573.1 del Código Penal sobre delito de terrorismo. De ahí que no haya dudas de que la investigación debe seguir su curso en la Audiencia Nacional.
El Estado de Derecho funciona con plenas garantías. Pero mientras la Justicia resuelve este caso, ante los indicios existentes abochorna el comportamiento de formaciones como Podemos. Iglesias se atrevió a sentenciar que lo de Alsasua «no es terrorismo». Y los suyos apoyaron un manifiesto promovido por Bildu y denunciaron que los imputados son «tan víctimas» como los agredidos. La resolución del Supremo debiera llevar a Iglesias al menos a pedir disculpas.