Sin otra salida

El «proceso» de agitación para la convocatoria del referéndum independentista del 9-N sigue en la calle. Pero Artur Mas ya sabía que la Generalitat tendría que frenar su campaña institucional. «No se puede ir más allá» reconocía la vicepresidenta Joanna Ortega ayer en el Consejo del Gobierno catalán, para contrariedad de algunos de sus compañeros de Ejecutivo. La dirigente de UDC, que suele mantener una «línea caliente» con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ha estado en primera línea de la organización de la convocatoria. De hecho es la encargada de coordinar el dispositivo del referéndum.

De ella dependen todos los funcionarios de la Generalitat para el evento. Quizás por eso, y como había reconocido horas antes Francesc Homs («el gobierno catalán no quiere poner a sus funcionarios en riesgo de inhabilitación») con la suspensión declarada por el Tribunal Constitucional no le queda a Artur Mas otra salida (legal) que echar el freno. A partir de ahí, con sus alegaciones, podrá ganar un estrecho margen de días. Pero no tiene muchas opciones distintas a la de convocar elecciones anticipadas, como hizo el lehendakari Ibarretxe. Pero, en su caso, para salir airoso de un nuevo examen ante las urnas, necesita de la confluencia con ERC para formar una alianza electoral «excepcional» ante una situación «excepcional».

Parece mentira que los nacionalistas catalanes se estén quejando tanto de que no tienen libertad para votar cuando en nuestro país se ha votado más de sesenta veces. Y en Cataluña, más. No porque tengan más derechos sino porque han tenido gobernantes tan incompetentes que han intentado resolver sus problemas en las urnas con más frecuencia de la habitual.

Pero a Esquerra, interesada sobre todo en arrebatarle poder a CiU y PSC en los próximos comicios municipales, no le mueven estas elecciones adelantadas. Tanto es así que Junqueras se ofreció a Mas para echarle una mano y seguir gobernando, con tal de «blindar» la consulta. En Esquerra, que promueven insumisiones y desobediencia civil, no admiten que el pleno del Tribunal Constitucional, por unanimidad, incluidas las dos magistradas propuestas por CiU y PNV, haya decidido suspender el referéndum encubierto. Por lo tanto, será decisiva la reunión entre Mas y Junqueras. ¿La rebelión de Oriol o elecciones plebiscitarias?

El problema que se le puede presentar a Artur Mas es que la movilización de la calle, hasta ahora tan controlada por los ‘lobbys’ de la Asamblea Nacional de Cataluña y Omnium Cultural, que nunca han pasado por el veredicto de las urnas, le desborde, le sobrepase, incluso, actúe como un boomerang. Sobre el papel, el recurso a la agitación popular ofrece algunas ventajas sobre todo mediáticas. Contribuye a mantener encendidas las emociones y cohesiona un movimiento que solo tiene en común el mantra del derecho a votar. Pero puede volverse en su contra. Porque así como el Parlamento, los medios públicos de propaganda y las manifestaciones perfectamente organizadas se controlan con el mando a distancia para subir o bajar la presión según convenga, la calle puede acabar llevando al proceso donde sus impulsores, al menos CiU, no han querido jamás. Y eso les da pánico. Con razón.