La resaca del 23-J se ha saldado con una jornada de agitprop electoral en el que los dos grandes partidos han querido hacer valer una imagen de éxito que no se corresponde con la realidad de las sendas victorias amargas que han cosechado.

Alberto Núñez Feijóo ha adelantado este lunes que ha iniciado una ronda de contactos y ha proclamado su intención de «liderar una alternativa de Gobierno», aunque no le den los números. Pedro Sánchez, por su parte, ha querido proyectar un panorama triunfal ante su Ejecutiva, obviando que es Feijóo quien ha ganado las elecciones. Si parece lo contrario es porque se da por hecho, demasiado precipitadamente, que va a recabar el apoyo de todos sus socios y de otros nuevos.

Pero PP y PSOE deben aparcar cuanto antes sus fantasías y centrarse en la fría aritmética parlamentaria que ha salido de las urnas este domingo. Feijóo no puede engañarse pensando que va a poder hacer coincidir a Vox con PNV en la misma suma con UPN y Coalición Canaria. Y Sánchez no puede confiar en que «la democracia encontrará la fórmula», cuando esto quiere decir una compilación de todo el resto de partidos de la cámara (incluyendo a PNV, que Feijóo quiere disputarle).

Una coalición que ahora tendría que incluir al partido de Carles Puigdemont. Y sus portavoces ya han dejado claro que «no haremos presidente a Sánchez a cambio de nada», y que las condiciones para prestar sus siete escaños a Sánchez son la «amnistía y autodeterminación».

Además, y como ha reconocido Pablo Iglesias, el problema ni siquiera es una investidura ya de por sí difícil. La verdadera dificultad sería la gobernabilidad. Porque en el caso de que Sánchez lograra ser elegido, para sacar adelante sus leyes necesitaría en todo momento todos y cada uno de los votos del Frankenstein al completo.

Por eso, con el actual Congreso no hay una alternativa de gobierno viable que no pase por un pacto de Estado entre PP y PSOE, que entre los dos suman 260 escaños.

Es buena la iniciativa que ha tomado Feijóo, al diagnosticar que «las urnas nos han dicho que tenemos que romper los bloques con acuerdos». Y al solicitarle una reunión a Sánchez. Aunque, como informa hoy este periódico, el presidente ha aplazado el encuentro hasta después del recuento del voto exterior. Y es que si el censo extranjero se comporta igual que en las últimas elecciones, el PP podría conseguir un escaño más. Y este escenario haría aún más acuciante la salida del acuerdo entre las dos grandes fuerzas, puesto que ahora a Sánchez no le bastaría la abstención, sino que necesitaría el sí explícito de Puigdemont.

Una vía que se antoja más aberrante si cabe después de que la Fiscalía le haya pedido al juez Llarena este lunes que reactive la euoroorden contra el expresidente de la Generalidad, y cuando el mismo magistrado ha ordenado la detención de su compañera de partido Clara Ponsatí para tomarle declaración.

Que la gobernabilidad de España dependa ya no sólo de una pléyade de siglas radicales y separatistas, sino directamente de un prófugo de la justicia, constituye una línea roja que ni siquiera Sánchez debería osar traspasar. Y que un presidente que ni siquiera ha ganado las elecciones gobierne haciendo pasar todas sus leyes por Waterloo, resulta absolutamente aberrante.

Sólo una fórmula de entendimiento entre PP y PSOE está justificada en una coyuntura en la que son los únicos partidos que han mejorado sus resultados electorales. Porque no se entendería que se le diera la llave de la gobernabilidad a fuerzas que, como las nacionalistas, han experimentado una notable caída en las urnas.

Sánchez ha asegurado que no contempla otras elecciones. Pero a la vista de su trayectoria en los últimos 4 años, se podría pensar que es en realidad justamente lo que está buscando. Pero la clase política no puede explicarle a la ciudadanía que está condenada por tercera vez a la repetición electoral sólo porque PP y PSOE no logran ponerse de acuerdo, que es lo que quieren la gran mayoría de los españoles con independencia de su voto.

Además, hay grandes temas de Estado como el bloqueo del CGPJ que no pueden esperar más. España vive una situación de provisionalidad e inestabilidad en algunos de sus órganos fundamentales que debe atajarse ya.

En las últimas horas varios intelectuales y voces destacadas de la sociedad civil se han sumado a la propuesta de EL ESPAÑOL de estudiar la vía de una gran coalición. Ignacio Torreblanca, Antonio Caño, Andrés Trapiello o Gregorio Marañón (en la tribuna que publicamos hoy, Consenso o polarización), han pedido a los dos grandes partidos de Estado que hagan valer su condición de listas más votadas, que interpreten correctamente el veredicto de unas urnas que han pedido una vuelta a la centralidad y que pacten las reformas que necesita España para no depender de extremismos a izquierda y derecha, ni dejar el destino de todos los españoles en manos de un puñado de secesionistas.