Editorial, EL CORREO, 22/11/11
Los desafíos económicos comprometen al PP con una política de urgencias de la que el PSOE tampoco puede desentenderse
El día siguiente a las elecciones obligó a la formación que resultó vencedora y al conjunto del arco parlamentario a enfrentarse a la realidad de unos mercados que continúan cebándose en la deuda soberana y a atenerse a los retos que en la noche electoral condujeron a Rajoy a escenificar una celebración contenida de su avasallador triunfo. Tanto la formación que ganó las elecciones como la que las perdió han anunciado la celebración de sus respectivos congresos en febrero. Rajoy necesita reunir a los cuadros del PP en un cónclave que actualice su política bajo las nuevas responsabilidades y conjure a todo el partido en torno a la austeridad y las reformas. Mientras que Zapatero y Rubalcaba tratan de contener la desazón que experimentan los socialistas mediante la apertura de un proceso que asegure la cohesión interna antes de que se sucedan los congresos autonómicos y provinciales. Pero del mismo modo que el nuevo Gobierno presidido por Rajoy no puede esperar a las conclusiones de su congreso para adoptar decisiones que condicionarán el desarrollo de la legislatura, los socialistas deben asumir su papel de oposición explicitando su postura ante cuantas iniciativas adopte el Ejecutivo del PP. El PSOE no debería interiorizar que, fuera del Gobierno, puede tomarse las cosas con la misma parsimonia que sus dirigentes achacaban a Rajoy. El bipartidismo que ha caracterizado la política española durante las dos últimas décadas ha salido parcialmente cuestionado del 20-N. La asunción de un poder casi absoluto requiere de un mínimo contrapeso parlamentario que permita canalizar a través de las instituciones la concurrencia de aspiraciones e ideas diversas en la sociedad española. Se trata de un requisito de la democracia, pero también de una necesidad que afecta a todo partido que acapare un poder como el que ostenta el PP. Porque es más fácil que se equivoque quien gobierna sin oposición. Además, un ejercicio prolongado de introspección que arrastrase al PSOE bien al fraccionamiento, bien a afrontar los problemas del país preservando ante todo la cohesión interna anularía su aportación democrática sumiendo a sus bases en la melancolía.
LEGISLATURA AUTONÓMICA
Los resultados del 20-N en Euskadi han llevado a Amaiur a demandar un adelanto de los comicios para el Parlamento autonómico -en el que la izquierda abertzale no cuenta con representación por hallarse en 2009 fuera de la ley- y a los portavoces del PNV a sugerir que el lehendakari López reflexione al respecto. Se trata de una cuestión ineludible a la luz del decepcionante rédito obtenido tanto por los socialistas como por los populares vascos en las elecciones del domingo. Pero también por ello constituye un asunto a despejar cuanto antes por parte de quien tiene la potestad de convocar elecciones, el lehendakari, y del grupo que propició su designación, el PP de Basagoiti. Ni el silencio, ni las declaraciones de circunstancias, ni las réplicas cruzadas sirven para clarificar la situación cuando las circunstancias reclaman, en todo caso, un compromiso en firme transmitido con la máxima solemnidad. Si López y Basagoiti hacen patente su compromiso de agotar la legislatura, los partidos que no forman parte del pacto de gobierno deberían renunciar al mantenimiento de la polémica sobre su continuidad. Pero, sobre todo, el Gobierno vasco debería dejar claro ante la ciudadanía el programa de actuación que pretende llevar adelante. Porque peor que la diatriba sobre un posible adelanto electoral sería prolongar una legislatura sin vida propia.
Editorial, EL CORREO, 22/11/11