· ¿Tiene Cataluña derecho a la autodeterminación?
Junts pel Sí y la CUP utilizan las dos páginas del preámbulo de la ley para tratar de justificar que sí. Según ellos, el hecho de que el concepto se haya circunscrito a los territorios descolonizados no es óbice para que «se hayan dado casos de nuevos Estados que han ejercido el derecho a la autodeterminación sin que viniera motivado por el fin del imperialismo». «El derecho a decidir de los pueblos ha evolucionado», añaden. Sin embargo, omiten las referencias al principio de integridad territorial del Derecho internacional, que los partidos de ámbito español invocan.
· ¿Qué garantías se ofrece a quienes participen en la votación?
Los independentistas piden un acto de fe a ciudadanos y empresas. Como si la norma del referéndum fuera a entrar en vigor sin ningún contratiempo judicial –el Gobierno ya ha anunciado que la puede paralizar «en 24 horas»–, el artículo 3 afirma que «todas las autoridades, personas físicas y jurídicas que participen en la preparación, celebración, implementación y/o implementación del resultado del referéndum quedan amparadas por esta ley». Es decir, establece una suerte de vacío legal hasta que se celebre la votación.
· ¿Cómo se elaborará el censo?
La Generalitat no puede usar el censo habitual en las elecciones, que depende del Instituto Nacional de Estadística. Durante el «proceso participativo» del 9-N, el Govern pidió a los votantes que se inscribieran en una lista cuando se acercaran a la urna. Esta vez, como se busca la similitud con las elecciones habituales, se compromete a «elaborar» un censo propio. La ley no explica cómo, pero si la Generalitat pretende usar datos del Instituto de Estadística de Cataluña puede encontrarse con problemas legales.
· ¿Podrán votar los catalanes residentes en el extranjero?
La Generalitat asegura que sí. En el acto de ayer en el Teatro Nacional miembros de Junts pel Sí aseguraron que deberán estar inscritos en el CERA (Censo Electoral de los Residentes Ausentes) español, y además en el registro de catalanes en el exterior que impulsó el conseller Raül Romeva y que hasta ahora ha contado con escaso éxito. Sin embargo, evitaron de nuevo explicar cómo esquivarán los escollos legales.
· ¿Quién velará por la pulcritud de todo el proceso?
La «sindicatura electoral», un organismo de nueva creación que, entre otras cosas, se ocupará de validar el censo, resolver las consultas y quejas o «velar por las condiciones de imparcialidad y pluralismo». Pero ello colisiona con el hecho de que este órgano, formado «principalmente por juristas», lo designará el Parlament por mayoría absoluta. En la práctica, eso significa que Junts pel Sí y la CUP podrán elegir a todos sus miembros. Además, la ley explica que habrá «observadores internacionales» para seguir todo el proceso.
· ¿Se establece un mínimo de participación para dar validez al resultado?
No. Los independentistas llevan semanas diciendo que establecer un quorum incentiva la abstención. Así que el texto de la ley sólo especifica que «si el recuento de los votos da como resultado que hay más afirmativos que negativos, implica la independencia de Cataluña». En cambio, si pasa lo contrario, eso «implica la convocatoria inmediata de unas elecciones autonómicas».
· ¿Están obligados los ciudadanos a participar en las mesas electorales?
Como busca calcar el sistema electoral español, la ley afirma que si el sorteo quiere que un ciudadano sea presidente o vocal de una mesa es «obligatorio» que acuda. Si no lo hace, se tirará de suplentes o de los primeros votantes. Sin embargo, no especifica ninguna sanción a quien se ausente sin motivo, cuando en unas elecciones al uso está tipificado como delito penal. Los ayuntamientos también deberán ceder locales, pero la Generalitat usará instalaciones propias si no lo hacen.