Quienes expongan reparos a la amnistía, a punto de emplatar, y se atrevan a manifestar su discrepancia en público lo van a pasar mal. Les espera un calvario de campañas de desacreditación porque el Partido Socialista que comanda Pedro Sánchez no tiene el cuerpo para ruidos. Para el presidente en funciones, la crítica es fundamentalmente eso: ruido. Y para acallarlo, al PSOE no se le ha ocurrido mejor artimaña que la de crear una página web de denuncia de los «pactos de la vergüenza», que no son los suyos con Bildu y Puigdemont, precisamente, sino los alcanzados por el centroderecha en comunidades autónomas y ayuntamientos. Ya se vio la reacción del Gobierno contra el derecho a la libertad de expresión del centroderecha con las manifestaciones contra la amnistía. Fueron los radicales independentistas quienes provocaron altercados de una violencia casi telúrica durante el ‘procés’. Ellos sí que incendiaron las calles. Y el dirigente socialista negocia ahora su supervivencia con los representantes de aquellos incendiarios.

No causó sorpresa oír ayer a Rodríguez Zapatero salir en auxilio de Pedro Sánchez defendiendo la ley de impunidad (amnistía) porque él es uno de los principales valedores del acercamiento a los secesionistas. Todo chantaje es oportuno, para ellos, si procede del flanco bautizado como «progresista» en el que cabe un amplio ramillete que abarca desde los neocomunistas que no condenan la invasión de Putin en Ucrania ni la carnicería de Hamás en Israel hasta chantajistas como el prófugo Puigdemont.

Así es que la oposición y esos más de once millones de votantes tendrán que demostrar fortaleza en las convicciones y capacidad de resistencia. Feijóo promete contundencia ante el «gran fraude» que pretende Sánchez con su investidura, dando palos de ciego en su negociación a la desesperada. Pero la iniciativa del PP de colocar al Senado contra la amnistía, pasado mañana, quedará deslucida con las ausencias anunciadas. Ninguno de los tres presidentes autonómicos socialistas quiere pasar por ese trago.

Tampoco los nacionalistas Aragonès y Urkullu. El lehendakari ya ha dicho que no participará «de la campaña de interés político» del PP. Pero el mismo Urkullu ha incurrido en la contradicción de reconocer que la amnistía «es una cuestión política». ¿En qué quedamos? ¿Estar a favor de la medida de gracia es político pero criticarla obedece a intereses oscuros? Se va imponiendo, en esta nueva etapa de blanqueamiento de los delitos, el quién y no el qué de la política. Un nuevo ciclo en el que las minorías nacionalistas (en sus comunidades son mayorías pero en el Congreso, no) quieren atar en corto al Poder Legislativo y al Judicial.

La inquietud de muchos ciudadanos ante tanta enmienda a la totalidad de las sentencias de la Justicia debe poder expresarse con total libertad. No es ruido, es contestación. «El mayor privilegio del tirano es obligar a su pueblo a ‘alabar’ su comportamiento», dejó escrito André Glucksmann en ‘El discurso del odio’.

Seguimos perteneciendo a un Estado democrático.