El decreto promovido por el Ejecutivo llegaba al Congreso convertido en el proyecto más importante de la sesión. Además, la propuesta para reforzar el sistema eléctrico en España tenía la virtud de unir a agentes tan dispares como partidos, patronales y empresas. El anunciado desmarque en la víspera de Podemos solo puede interpretarse como un gesto de castigo al PSOE y a Sumar, de quienes electoralmente se distancia a marchas forzadas después de su abrupta salida del Consejo de Ministros. Su renuncia a apoyar una medida que contaba con respaldos en los escaños de la izquierda situaba el foco sobre Junts y el PP, cuyos votos eran claves para el desenlace. En un nuevo plante, los posconvergentes que lidera Carles Puigdemont dijeron ‘no’. Y en una muestra de su creciente beligerancia contra Sánchez, los populares acabaron por tumbar el decreto con un significativo rechazo a la política energética. A su juicio, no responde a las necesidades de la economía ni ofrece confianza a los ciudadanos, pese a que el sector se jugaba 200.000 millones en el envite.

El Gobierno se había allanado el camino al dejar para después del verano la votación de la reducción de la jornada laboral, consciente de que las discrepancias entre sus aliados podían dar al traste con la iniciativa estrella de Yolanda Díaz. Sin la presencia de Sánchez, de viaje oficial por Sudamérica, el Congreso echó el cierre al periodo de sesiones con un desacuerdo que encenderá aún más los ánimos tras el ecuador de la legislatura. No hubo ni una chispa de la sensatez requerida por el Gobierno a sus socios y al PP, lo que anticipa un nuevo ciclo de agitación.