TONIA ETXARRI, EL CORREO 21/10/13
· El entorno político de ETA quiere cambiar las reglas del juego sin romper con la justificación de su historia.
En estos dos años en los que ETA ha dejado de matar, aunque su sombra sigue proyectada sobre el colectivo de presos mientras se niegue a disolverse, el clima de la convivencia ha cambiado sustancialmente en Euskadi. Muchos ciudadanos amenazados se han visto liberados al no tener que llevar ya su rutina ligada a la protección y la vigilancia. Cierto. Pero el terrorismo de tantos años, lejos de ser castigado política y socialmente, fue premiado en las urnas. Y la vuelta a las instituciones de quienes en su día jalearon y justificaron los desmanes de ETA sigue provocando fisuras en los círculos políticos mientras la banda se resiste a verbalizar una reparación moral por los años de violencia e insiste en reclamar el olvido de su pasado. En ese desideratum se ha conformado un nudo gordiano difícil de deshacer a corto plazo por mucho que el PNV desde un centro geométrico artificial se esfuerce en animar a los demás a dar pasos.
Porque los mismos que justificaron la persecución terrorista, lejos de abominar de su pasado, han vuelto a instalarse en el eje de la política utilizando la vida institucional sin un ápice de arrepentimiento y con una actitud de prepotencia que les permite utilizar el insulto en sede parlamentaria en unas ocasiones y burlar la justicia en otras, condicionando a los demás con sus limitaciones democráticas. Llevamos, pues, dos años sin la violencia de ETA pero también sin la ética necesaria para que el fin de la pesadilla pueda cerrarse con el relato más fiel a lo ocurrido durante más de cuarenta años.
Con la incapacidad de la izquierda abertzale para convertirse a la democracia, el balance de lo ocurrido desde que la banda terrorista anunció el cese del terrorismo no puede ser autocomplaciente porque todavía queda mucho camino por recorrer para que se haga justicia y las víctimas puedan recibir el trato que se les reconoce en las leyes que las amparan y que, a menudo, tantos políticos olvidan. Que el antiguo redactor jefe de Egin Martin Garitano sea ahora el diputado general de Gipuzkoa se ve con normalidad por parte de la mayoría de partidos, menos UPyD y PP, pero ofende al colectivo de víctimas con su actitud. Si este representante se reúne con dos de los detenidos de Herrira y explica que no recibió a representantes del colectivo ilegalizado sino a los «afectados» por la redada policial (como si de afectados por la colza se tratara) y se fuma un puro creyendo que la gente es tonta, está insultando a las víctimas, además de burlarse de las leyes y de la sociedad. El debate sobre el cierre de la violencia está todavía en pañales porque el entorno político de la banda quiere cambiar las reglas del juego sin romper con la justificación de la historia de ETA.
El nuevo escenario de los dos últimos años está repleto de misceláneas contradictorias: los supervivientes que resultaron ilesos de algún ataque terrorista, o se salvaron de un final trágico tras un secuestro, las víctimas que empiezan a ver a los asesinos de sus familiares disfrutando de algún permiso carcelario durante los fines de semana y los presos que no se acogen a medidas de reinserción individuales porque la dirección de la banda se lo prohíbe.
Muchos políticos llegaron a creer en la «conversión» de la izquierda abertzale a la democracia. Pero los herederos de Batasuna van radicalizando su discurso porque tienen un problema interno mientras ETA siga queriendo obtener beneficios de su decisión unilateral. Es la izquierda abertzale la que está demostrando su incapacidad para adecuarse a los nuevos tiempos. Ni la conferencia de paz del alcalde de San Sebastián ha servido de caja de resonancia al haber estado ausentes tres de los cinco partidos que componen el parlamento vasco ni la ponencia ‘ídem’ tiene visos de salir adelante mientras EH Bildu siga negándose a admitir el llamado ‘suelo ético’ para deslegitimar la violencia.
Están tan pendientes como el Gobierno de la resolución que adoptará hoy el Tribunal Turopeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Lo que se está examinando no es la derogación de la ‘doctrina Parot’ sino su aplicación retroactiva. La norma que acabó con la ‘tarifa plana’ para los beneficios penitenciarios porque ha permitido, durante siete años, computar la reducción de la pena sobre cada una de las condenas y no sobre la pena máxima a cumplir, podría recibir hoy un serio revés. Si el tribunal europeo se pronuncia contra el alargamiento de las penas a los delitos cometidos antes de 1995, podrían salir a la calle 53 presos de ETA con el historial más sanguinario.
La Audiencia Nacional deberá ir dictando excarcelaciones escalonadamente y la Fiscalía seguramente las irá recurriendo. Es la última tabla a la que se va a aferrar la izquierda abertzale para seguir presentándose ante los presos con una baza de victoria. En esta causa no están solos. El PNV los acompaña diciendo que la derogación de la norma, que significará que se pueda aplicar la misma reducción de la pena a un delincuente que ha matado a una persona que a otro que ha matado a 22, «sería un paso de gigante para la paz». Si la sentencia se pronuncia en este sentido, servirá a la izquierda abertzale para su cohesión interna, dejará al Gobierno –que se limita a decir que no permitirá ningún enaltecimiento del terrorismo que pueda humillar a las víctimas– en una situación delicada. Pero bastante humilladas están ya al comprobar que algunos de los terroristas con abultado historial delictivo no habrán cumplido siquiera un año por cada asesinato cometido.
TONIA ETXARRI, EL CORREO 21/10/13